CASO GRASSI. Uno de los más desagradables delitos, incluso en los códigos carcelarios, es el de la violación, y más aún el de pedofilia o abuso de menores. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el 2022 se registró casi 50 ataques sexuales por día, y una cifra espeluznante de 200 mil abusos pedófilos -vía Grooming, pornografía infantil y sexual-, así lo refirió la titular de Alerta Vida, Rachel Holway. Esta realidad social de miles de infantes vulnerados volvió a la agenda mediática tras el arresto del productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, por el delito de corrupción de menores, al haber sido cliente de una organización de trata de niños.
“Quedan dos o tres años para que recupere su libertad (…) Estos delincuentes nunca te van a reconocer delitos”, sostiene el abogado querellante, Juan Pablo Gallego —quien fue representante legal junto a Sergio Piris de la principal víctima del cura Julio César Grassi—panelista invitado para el programa EPA! de Nicolás Magaldi.
El letrado rememoró las amenazas de muerte que sufrió durante el juicio a Grassi y señaló que le resulta insuficiente la pena de 15 años de prisión a un pedófilo. Tal como los panelistas del programa, subrayó que un violador es un psicópata, cuya estructura de personalidad se ha erigido en base a mecanismos perversos: no es una persona que se pueda reinsertar en la sociedad (como en el caso de otros delitos como el hurto). “Los delincuentes sexuales no se recuperan”, lanzó.
“La iglesia Católica no lo ha excomulgado a Grassi (…) Cuando él (Bergoglio) le toca asumir como Papa, no supo abordar bien lo de Grassi”, afirmó el letrado ante la cámara televisiva. Una panelista sumó que actualmente existen 126 curas acusados de abuso sexual que no han sido apartados de su cargo eclesiástico.
“Grassi tiene una oficina en la cárcel. Se produce una investigación periodística. La fundación Felices Los Niños, cuando estaba preso, cada vez era más pobre. Pero las empresas mandaban los alimentos. Entonces con una cámara oculta descubren que toda la mercadería que iba para la fundación, Grassi la hacía trasladar a la cárcel, y cambiaba eso por una oficina con dos plasmas, tres teléfonos celulares”, aseveró el abogado.
Luego en diálogo con Nicolás Magaldi para América Tv, el abogado reveló también que durante el juicio se reunió con Monseñor Laguna quien le dijo que Grassi “era pesado” y que si él lo exponía estaba en riesgo su vida, aunque le deseó que pudiera metierlo preso.
“Tuvo 30 abogados Grassi”, sentenció Juan Pablo Gallego, quien con sus jóvenes 33 años se puso al hombro la causa más emblemática de pederastia en Argentina. “Mariano Grondona me dijo que yo era el diablo por acusar a Grassi”, reveló.
El letrado además recordó que Néstor Kirchner lo recibió en su despacho presidencial y le ofreció seguridad ante lo de Grassi. Asimismo, Luis D´Elia, cercano al ex presidente, le ofreció testificar ante la Justicia. “Si me preguntan por D´Elia yo digo que es buena persona”, dijo.
Pero lo que dejó a atónito al plantel de EPA! fue cuando nombró a Carlos Telleldín, implicado en la venta del coche bomba a los terroristas del caso AMIA, alegando que el Padre Grassi le pagó para que lo persiguiera e interviniera sus correos electrónicos y teléfono móvil, para apretarlo afín que no prosiguiera judicialmente.
En 2018, Juan Pablo Gallego declaró a una agencia de medios que “grababan con cámaras ocultas a los detractores y a los denunciantes de Grassi, desaparecían expedientes que aparecían en las oficinas de sus abogados, apretaban a las víctimas, les formulaban denuncias falsas”. Y agregó que “se las ha arreglado desde la cárcel para tener muchos privilegios. Hay que ponerle coto a la situación y lo debe hacer quien conduce la Iglesia”.