Luego de una serie de manifestaciones que se desarrollaron en todo el país, el responsable provincial del Polo Obrero, Martín Rodríguez, y la referenta barrial Lorena Torres Díaz fueron liberados, aunque seguirán imputados de entorpecer el tránsito y se les prohibió volver a participar de movilizaciones que corten calles o rutas. Habían sido arrestados el martes pasado, junto a otra militante del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha) durante una marcha contra las bajas en el Potenciar Trabajo en el centro de Mendoza capital y en medio de un fuerte operativo de seguridad que buscaba evitar un acampe. Una fiscalía mendocina ad hoc para regular el tránsito les había aplicado la cuestionada figura de la «reiterancia» y así terminaron privados de su libertad, Rodríguez en el Penal de San Felipe y Torres en el Penal de las Avispas.
«Con un piquetazo nacional sostenido y organizado por la Unidad Piquetera y con un amplio apoyo de artistas, organizaciones estudiantiles, periodistas y organismos de derechos humanos, liberamos a Martín y a Lorena y defendimos el derecho democrático a manifestarse, para ellxs y para todxs», dijo Vanina Biasi, del Partido Obrero. «Estamos orgullosos de los hijos que tenemos, infinitas gracias por dar vuelta esta injusticia, pero ya ganamos», dijo Ely Gómez, mamá de Martín Rodríguez mientras esperaba para volver a abrazarlo en la puerta del Penal.
La audiencia había comenzado cerca de las 9, en la sala 6 del Polo Judicial Penal, a cargo de la jueza de Garantías Mirna Montaldi. Luego de un cuarto intermedio cerca de las 13.50 la magistrada dispuso la liberación de ambos. Desde el Poder Judicial señalaron que “el proceso penal continuará su curso, pero con los dirigentes en libertad, bajo cumplimiento de reglas”. La medida se hizo extensiva a la situación de Gimena Báez, una tercera imputada que no había sido detenida.
La jueza además hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Giunta, quien había solicitado que de ser otorgada la libertad se realizara bajo ciertas condiciones. En este sentido, se dispuso que para Torres, Rodríguez y Báez «rige la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer en sede judicial cada 15 días, y la prohibición de cometer nuevos delitos, lo que incluye no incurrir o participar de nuevos cortes de calles». Centenares de organizaciones había repudiado tanto la detención como la aplicación del Código Penal que consideran una «criminalización de la protesta social». Es que la fiscalía aplicó el artículo 194 del Código Penal referido a «impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas».
¿Reiterancia?
Esta figura aparece en el artículo 293 del Código Procesal Penal de Mendoza, recientemente reformado, y plantea la posibilidad de dictar prisión preventiva «por la reiterancia delictiva que se le atribuya» a la persona imputada formalmente. En los hechos, la «reiterancia» habilita detenciones por la repetición en la comisión de supuestos delitos, aún no acreditados por un juez. En el caso de Torres tenía 10 causas y Rodriguez en 5. Al Procurador Alejandro Gullé, le parece «una novedad que en otras partes del país están queriendo imitar». Y se mostró orgulloso de que «en Mendoza no se cortan más las calles». Desde 2015 la provincia está gobernada por el Frente Cambia Mendoza, el brazo local de Juntos por el Cambio, primero con el radical Alfredo Cornejo y ahora con Rodolfo Suárez, desplegando una política de disciplinamiento de los reclamos sindicales y sociales.
En 2022 Giunta asumió como titular de la Unidad Fiscal de Tránsito, una fiscalía específica, que ya dispuso la detención del dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Roberto Macho, al que imputó por cinco cortes de calle. Y en marzo, Giunta ordenó el desalojo de la Carpa Blanca que los docentes agrupados en el Sute (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) habían instalado frente a la Legislatura provincial en reclamo de mejoras salariales.
Según explica el politólogo Martín Ulacia, «lo que sucede en Mendoza violenta derechos constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso; se trata de reformas que perfeccionan los mecanismos legales para criminalizar la protesta social y avanzar con el armado de causas». A su criterio, «algo similar sucede en la Jujuy de Gerardo Morales, también de la UCR, que ha reformado la Constitución provincial; estamos ante la exhibición de una política represiva reforzada, en año electoral, para la Argentina del ajuste, la pobreza y por ende, de la protesta social».
A los compañeros, la libertad
Desde temprano un nutrido grupo de piqueteros se concentraron con carteles en la entrada del Polo Judicial, donde se desarrolló la audiencia y también estuvo el precandidato a gobernador de Mendoza por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Víctor Da Vila. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, integrantes de Unidad Piquetera se movilizaron en las subidas y bajadas del Puente Pueyrredón, con un corte total del tránsito vehicular desde y hacia la provincia de Buenos Aires, en reclamo de la liberación de los dos militantes detenidos en Mendoza, por momentos con tensión frente a la presencia de la Policía y la Prefectura.
Quiénes son Lorena y Martín
Martín Rodríguez tiene 34 años, y milita en el Partido Obrero hace 16 años en Mendoza, donde es además un reconocido activista sindical. Nieto de militantes del Partido Comunista Chileno detenidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, Martín rápidamente se convirtió en un militante socialista. Actualmente es trabajador administrativo en el Concejo Deliberante de Guaymallén, donde protagonizó una gran lucha en 2022 por su reincorporación luego de que el intendente radical Marcelino Iglesias lo echara por su actividad sindical. Le faltan pocas materias para recibirse de sociólogo en la Universidad Nacional de Cuyo (UNC), y es músico autodidacta.
Lorena Torres se incorporó al Polo Obrero en el año 2016, luego de protagonizar la pelea por la urbanización del Barrio Olivares, al oeste de la ciudad de Mendoza, un asentamiento cercano a la UNC que tuvo un intento de apropiación para fines de especulación inmobiliaria por parte del empresario Daniel Vila. Por las urgencias económicas dejó sus estudios de artes plásticas, pero siguió haciendo dibujos y grabados en vidrio. Actualmente es trabajadora de casas particulares, y colabora con la puesta en pie de su gremio.