Ante un comité de la OEA sobre la violencia contra la mujer, Cristina Kirchner denunció que se «procura garantizar la impunidad de los autores materiales e intelectuales» del intento de asesinato que sufrió el 01/09 último y que el mismo tuvo «vinculaciones» con adversarios al proyecto político» de la Vicepresidente.
Esas acusaciones constan en un documento de 96 páginas elaborado por el equipo jurídico de la presidencia del Senado que la Vice le entregó el jueves a integrantes del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) que la visitó en la Cámara Alta el Mesecvi se encuentra de visita oficial en la Argentina hasta este viernes.
El documento recorre distintos episodios de «violencias ejercidas contra» CFK a lo largo de «2 décadas».
Al tratar el tema puntual del magnicidio, el documento ataca duramente a la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, a quien la Vicepresidente ha intentado recusar, hasta ahora sin éxito.
Señala que la causa «se encuentra prácticamente paralizada, a partir de resoluciones judiciales arbitrarias e infundadas de la magistrada a cargo de la misma, lo que confronta directamente tanto con los derechos» de la Vice.
Uno de los puntos llamativos del informe es que da por «demostradas» las hipótesis y acusaciones de la querella, pero que no tienen un correlato en los tribunales.
Sostiene que «el atentado fue realizado con la asistencia en la planificación de un grupo político violento y fascista financiado por el empresario más cercano a (Mauricio) Macri». Esa mención alude a la organización Revolución Federal, que no está implicada en la causa del atentado, sino en otra separada en la que sus integrantes fueron procesados por intentar «imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”, a partir de distintas manifestaciones.
Por su parte, al señalar al «empresario más cercano» a Macri, el documento se referiría a Nicolás Caputo, aunque éste tampoco está vinculado a la causa del intento de magnicidio. El error surge de que la firma Caputo Hermanos, que no pertenece al holding del amigo del exPresidente, contrató servicios de Jonatan Morel, líder de Revolución Federal. No obstante, esa empresa constructora es de los hermanos de Luis Caputo, quien fuera presidente del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos.
El informe también da por «demostrado» que el diputado del PRO Gerardo Milman «sabía que se realizaría el atentado». Esta acusación surge del testimonio de un colaborador de un diputado de La Cámpora que afirmó haber escuchado de boca del propio Milman “cuando la maten voy estar camino a la costa”. La juez Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo no pudieron comprobar esta línea y denunciaron al testigo por falso testimonio. No obstante, la Cámara Federal ordenó ejecutar más medidas de prueba y autorizó que se periten los celulares de las 2 colaboradoras que se encontraban con Milman en el momento que señaló el testigo. Aún así, el diputado no está imputado.
Por último, el informe de Cristina Kirchner dice que «también se encuentra demostrado que la jueza a cargo de la investigación recibía dinero de ese mismo espacio político a través de contratos laborales falsos y ficticios, lo que claramente explica la paralización de la causa».
Aquí se refiere la contratación de la jueza por parte del Instituto Superior de Seguridad dependiente del gobierno porteño, en donde la magistrada -según aclaró la institución- se desempeña como docente desde 2014. Allí también fue designada investigadora en 2017. Según denunció el Gobierno Nacional, “ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal”.
De todas formas, no está «demostrado«, como sostiene el informe de Cristina Kirchner, que la relación de Capuchetti con el instituto porteño genere «una paralización de la causa» del atentado.