La Tupac Amaru y el Bloque Social por el Trabajo se congregaron en Plaza de Mayo

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Una nueva marcha reclamó frente a la Casa Rosada el indulto a Milagro Sala. Tras un paréntesis en las movilizaciones en enero y febrero, a raíz de que Alberto Fernández recibió a una mesa de organismos de derechos humanos para analizar el pedido de un perdón presidencial, la Tupac Amaru y otras organizaciones que integran el Bloque Social por el Trabajo volvieron a la calle. Lo hicieron con la consigna Basta de mentira – Indulto ya y con fuertes críticas al Presidente.

“Sigue planteando que no puede, pero en realidad es que no quiere”, sostuvo Alejandro Coco Garfagnini sobre la postura de Alberto Fernández. Agregó que “en diciembre y enero el grupo de abogados de los organismos de derechos humanos estuvo trabajando y le entregó todo el material que él solicitó para poder indultarla, pero se escuda detrás de artilugios jurídicos. Sigue en la misma posición que en diciembre. Por eso marchamos, estamos en la calle por la libertad de nuestros compañeros”.

Los manifestantes salieron de avenida de Mayo y 9 de Julio. En la plaza hicieron una ronda y luego dieron una conferencia de prensa. Además de Garfagnini, allí habló el cura Francisco Paco Oliveira, que planteó “Alberto tiene miedo de indultar a Milagro».

Garfagnini opinó que “hay un interés convergente entre Alberto Fernández y Gerardo Morales, y por eso Milagro no está en libertad. En el discurso ante la asamblea legislativa habló de una recuperación económica postpandemia, que sabemos que está en los balances de las empresas multinacionales extranjeras y no en el salario de los trabajadores ni en la generación de empleo para los humildes. Su programa económico es muy similar al del gobierno anterior y es convergente con el de Gerardo Morales. Esa idea de que los recursos naturales están para exportarse, para que los exporten un puñado de empresas multinacionales que se quedan con la renta, porque la Argentina necesita dólares; ése es el acuerdo. Como coinciden en esto, Milagro sigue presa”.

Sala fue detenida en enero de 2016, hace más de siete años, por participar de un acampe contra el gobernador Gerardo Morales; desde entonces permanece presa, luego de que la justicia de la provincia le iniciara una seguidilla de causas. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró y hoy está en una situación delicada. Su estado físico se complicó a fines del año al sufrir una trombosis; a esta dolencia se agregó el terrible golpe en lo anímico de la muerte de su hijo, Sergio Chorolque Sala.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una condena de 13 años contra la referente, acusada de “asociación ilícita” y “defraudación al estado” en la causa conocida como “Pibes Villeros”. La Corte convalidó así un juicio que estuvo plagado de irregularidades, que había sido llevado adelante por tribunales jujeños que responden al gobernador Gerardo Morales.

En respuesta a la situación, militantes de la Tupac Amaru hicieron un acampe de tres días frente a la Casa Rosada. Plantearon allí que frente al lawfare, la única salida era política: el Presidente debía firmar un indulto.

Este pedido fue apoyado por los organismos de derechos humanos, que se reunieron con el Presidente en la Casa Rosada para expresarle su preocupación por el deterioro del Poder Judicial y el quiebre del estado de derecho. En el encuentro insistieron en el reclamo para que Fernández interviniera ante la situación de Sala.

El Presidente planteó que le acercaran propuestas. Su postura, según ha explicado en declaraciones radiales, es que la Constitución no le permite indultar a Sala porque no fue juzgada en una jurisdicción federal, que sería la que habilitaría la intervención del Poder Ejecutivo nacional.

Según este razonamiento, en el caso de Sala, que fue juzgada por tribunales jujeños, quien está habilitado para indultar es el gobernador –es decir el principal impulsor de tenerla presa.

Así se formó una comisión de abogados, que acercó a Alberto Fernández argumentos que lo habiliten a firmar el indulto. Sin embargo, tras recibirlos, la postura del Presidente no se habría modificado.

Por ahora, la posibilidad que Fernández estaría dispuesto a aceptar sería si hubiera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), porque obligaría al Estado nacional a tomar medidas. El caso de Sala está en el sistema interamericano hace años.

Sobre el estado de salud de la referente social, Garfagnini indicó que “ha empeorado”. “Está muy mal por la trombosis que sufrió en diciembre. Hizo un tratamiento que pensamos que iba a funcionar pero no dió resultados, su pierna está peor, con el riesgo de vida de que un coágulo se le desprenda. Por eso venimos pidiendo que la trasladen a algún lugar en Buenos Aires para que pueda recibir atención, pero ni eso nos conceden. Es una situación muy difícil, porque Milagro acaba de perder a su hijo, está pasando por el dolor más terrible que puede afrontar una persona”.