Hace pocos días, y pese al verano infernal que inauguró el mes de enero, la mesa de Juntos por el Cambio cerró sus reposeras y se abalanzó en una de sus primeras estrategias electorales del año. Se trata de una serie de comunicados en donde vaticinan que la situación económica de la administración actual de Alberto Fernández -con hincapié en la “excesiva” deuda y emisión- es una “bomba de tiempo” que estallaría en el año 2024.
¿Estallaría en manos de quién? Por lo pronto, la utilización del terror económico con una finalidad política es una operación -aunque irresponsable- poco novedosa y tiene un objetivo evidente: accionar sobre los agentes económicos actuales para impedir el financiamiento del Estado. El razonamiento es sencillo y funciona casi a modo de profecía autocumplida: cualquier inversor que hace una lectura de este pronóstico catastrófico desestima, de mínima, cualquier posibilidad de entrar a financiar al Estado si es que no saca su dinero ya invertido (lo que se conoce como corrida). En efecto dominó, este dinero se va al contado con liquidación, aumentando la brecha y generando tensiones cambiarias, que podrían llevar a las empresas a afirmar la imposibilidad de cumplir con los Precios Justos, lo cual derivaría en un aumento de precios. El momento es también el mensaje: el comunicado busca generar un escenario de inestabilidad económica que quieren capitalizar en términos políticos. Cuanto peor, mejor.
En cuanto al peso de la deuda, el primer punto refiere a un “aumento récord del endeudamiento público, equivalente a 83 mil millones de dólares, que genera una crisis de financiamiento en pesos”, que dicen además, será imposible de pagar por la próxima administración. Lo primero a mencionar es que, una vez más, confunden y hacen confundir la composición de la deuda argentina: suman la deuda del tesoro con un mecanismo de financiamiento del Banco Central y, fundamentalmente, mezclan la deuda en dólares y en pesos, y la unifican en un monto “dolarizado”. El problema en nuestra economía y en cualquiera no es netamente tener deuda, la mayoría de los países del mundo la tienen. El punto es cuánta, con quién, en qué moneda y bajo qué condiciones.
Ni hablar del para qué. Así, el endeudamiento durante la gestión de Alberto Fernández: a) ha sido mayoritariamente en pesos (en un país que emite pesos); b) es fundamentalmente intra-estado; c) y es en ley argentina. Características éstas radicalmente opuestas al acuerdo firmado con el FMI en el 2018 (Argentina no genera dólares, les debe a los 189 países del FMI y no se rige bajo nuestra ley).
Pero caben mencionar dos cuestiones más. La oposición critica que el proceso de recompra (de títulos públicos) hace perder reservas. Estamos hablando de un stock adicional de deuda de 1.000 millones de dólares en el marco de una deuda recibida del macrismo de 100.000 millones. A esa comparación no sólo le falta un 0 (cero) sino que le falta memoria. Por otro lado, el peso de la deuda en dólares respecto al PBI, la más difícil de pagar, no sólo no subió sino que bajó diez puntos desde ese 45 por ciento que dejó Macri en el 2019. ¿Cómo mejorar este guarismo? Con crecimiento, un elemento interesante a mencionar si se tiene en cuenta que en el período 2015-2019, la deuda en dólares fue además a la par de la retracción del PBI.
El segundo punto que denuncia el comunicado es el peso de la emisión sobre el PBI y la “utilización abusiva de instrumentos financieros”. Al analizar la evolución (2015-2022) del peso de los pasivos remunerados sobre el PBI -instrumentos que emite el BCRA (Lebac en época de Macri, Lequic hoy)- se puede ver cómo aumenta su cantidad en la medida que el Banco Central emite esos títulos para absorber los pesos que hay en la calle. Fundamentalmente hay dos grandes picos. El primero es el año 2018 con un 11 por ciento de PBI en pasivos remunerados, que podían comprarse indiscriminadamente y con el agravante de que la liberalización cambiaria permitía a esos compradores dolarizar esas ganancias en pesos y fugarlas al exterior. La denominada “bicicleta financiera” fue efectivamente lo que pasó y ese esquema de emisión de deuda del central, sin regulación cambiaria sí fue una bomba de la cual la mesa de Juntos por el Cambio decide no hablar.
El segundo pico fue en la pandemia del 2020, donde el Estado tuvo que salir a financiar el gasto (ATP, IFE, etc.) con emisión. ¿Por qué con emisión? Como la amnesia también es política, conviene precisar esta cuestión: en el año 2019 Hernán Lacunza defaulteó por primera vez en la historia una deuda en pesos, en donde quienes tenían títulos del Estado Nacional fueron “reperfilados”, es decir, no se les pagó en tiempo y forma. Esto explica por qué en pandemia el Gobierno tuvo que financiar la asistencia social con emisión monetaria: el mercado de deuda estaba totalmente roto. Esa emisión se retiró de circulación con Leliqs, lo que explica el crecimiento del que se insólitamente se quejan, con la particularidad además de que las Leliqs no pueden convertirse a dólares y no las puede comprar cualquiera, solamente los bancos.
Hay un tercer pico en el 2022, con el BCRA interviniendo con pesos para que no se caiga el valor de los títulos públicos y comprando (con pesos también) los dólares que liquidó el agro a través del dólar soja, dos razones que cualitativamente son muy distintas a la emisión de lebacs en 2018. Vale aclarar también que de algún lado tienen que salir los pesos para financiar las metas a cumplir con el FMI, a no ser que pretendan financiar el déficit con la plata de los jubilados. Así, este proceso que hoy representa 15 puntos, está regularizado y sin dolarización automática, constituye un escenario que macroprudencialmente se puede sostener. Y con un mecanismo de financiación del tesoro que poco a poco comenzó a mejorar. Lo paradójico es que ése es precisamente el problema. No sea cosa que funcione. No se “viene” ningún estallido, lo están generando.
Por María Florencia Ojea (*)
(*) Analista de CEPA.