«La Justicia le da la posibilidad de pedir su libertad cada 6 meses y esto lo viene haciendo hace 11 años. Hasta ahora los pedidos salieron a mi favor, pero pasar todos los años por esta instancia es destructivo», expresó Matías Bagnato –único sobreviviente de la «Masacre de Flores» cometida en 1994–, ante la incorporación del autor de los crímenes en un programa de «prelibertad», tras cumplir más de dos décadas de encierro.
El 1 de febrero pasado, la defensa de Fructuoso Álvarez González (62), condenado a prisión perpetua al ser encontrado culpable del asesinato de la familia y un amigo de Bagnato, solicitó a la Justicia la libertad condicional del hombre, quien permanece en el Complejo Federal de Ezeiza 1
Así, la jueza Nacional de Ejecución Penal 1, María Jimena Monsalve, dispuso que Álvarez González sea incluido en un programa de «prelibertad», al tiempo que solicitó una serie de informes socioambientales al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para determinar si el condenado está en condiciones de obtener dicho beneficio.
«Con el objeto de respaldar al condenado en su progresividad dentro del régimen penitenciario, como así también en su (eventual) retorno al medio libre, corresponde requerir su incorporación al programa de prelibertad, debiendo elevar todos los informes pertinentes», sostuvo la magistrada.
Ante la posibilidad de que Álvarez González sea excarcelado, Bagnato admitió que se siente «muy mal», y remarcó que no puede pasar «ni un año tranquilo», desde que el condenado puede pedir la libertad condicional. «No la conozco. Voy a esperar a que estén los estudios del penal y el interdisciplinario. Luego de eso le pediré una audiencia para hablar con ella», dijo la víctima respecto a la jueza Monsalve, quien reemplazó a José Pérez Arias. El magistrado le venía negando el beneficio de la libertad al autor de los asesinatos.
Bagnato remarcó que los informes previos arrojaron que Álvarez González «tiene rasgos psicopáticos» y que «no está arrepentido de lo que hizo». «Él manifestó que tiene ira hacia mi persona. Después de vivir lo que yo viví, lo creo capaz de cualquier cosa», manifestó. Y agregó: «Si él sale, voy a tener que tener custodia policial las 24 horas y es un garrón. Siento que yo voy pasar a estar preso y él libre».
Qué dijo la defensa
La abogada de Álvarez González, Patricia Croitoru, dijo que su defendido «está pasado del término» que indica su condena. «Fructuoso tiene la posibilidad de salir con condicional ya que no es reincidente», sostuvo.
La letrada aseveró que es «muy difícil» que la fijación del vencimiento de la pena sea determinada debido a la «mediatización» que tuvo el caso, pedido que fue rechazado por última vez en junio del año pasado por la Cámara de Casación Penal.
«Es muy probable que haya que llegar a tribunales internacionales. Participé de casos en los que un condenado a perpetua con reincidencia tenía fijada la pena. En un caso así, con una pena menos gravosa, debería pasar lo mismo», cerró Croitoru.
El caso
El 17 de febrero de 1994, Álvarez González, exsocio de José Bagnato, decidió incendiar intencionalmente la vivienda de la familia Bagnato, ubicada en Baldomero Fernández Moreno y Pumacahua, en el barrio porteño de Flores. El hombre arrojó dos bidones con combustible y prendió fuego la casa, indicaron los investigadores.
Como resultado del ataque perdieron la vida José Bagnato (42); su esposa Alicia Plaza (40); sus hijos Fernando (14) y Alejandro (9) y Nicolás Borda (11), un amigo de los chicos que se había quedado a dormir. Matías, entonces de 16 años, fue el único sobreviviente de la masacre.
En 1995, Álvarez González fue condenado a prisión perpetua. No obstante, al tener ciudadanía española, en 2004 fue trasladado a ese país para terminar de cumplir su condena, donde lo liberaron.
Tras amenazar de muerte a Matías y luego de descubrir las irregularidades, en 2011 el juez de Ejecución argentino Axel López ordenó la recaptura de Álvarez González. En 2018, Casación Penal rechazó un pedido para que Fructuoso Álvarez González sea extraditado nuevamente del país.
El Observatorio de Víctimas de Delitos, integrado por Matías y familiares de otras víctimas de casos de violencia, impulsó la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, mediante la cual se creó el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos para asistir y asesorar tanto a familiares como a víctimas de hechos de violencia.