El hombre que mató a la joven policía Maribel Zalazar en Retiro apenas dijo una frase en su declaración indagatoria ante el juez Martín Peluso: “sí, yo disparé. Pero me confundí de persona. Creí que era alguien que tenía un problema con mis hijos”. Desde ya que la frase es incoherente y es imposible que haya confundido a una policía uniformada con una persona completamente distinta. A primera vista, alguien podría suponer que finge una demencia o que, efectivamente, es una persona con un grave problema psiquiátrico. Los estudios se harán a partir de este jueves mismo y luego Peluso resolverá teniendo en cuenta que la imputación es gravísima: homicidio doblemente agravado y otros delitos. Hubo un testimonio que comprometió mucho al acusado, Oscar Valdez: el empleado del subte que lo asistió de un dolor en la pierna dijo que, en apenas unos segundos, Valdez le quitó el arma a Zalazar, le sacó el seguro a la pistola, tiró hacia atrás la corredera dos veces y disparó. O sea, mostró conocimientos de manejo del arma y asombrosa lucidez.
Es evidente que toda la causa girará alrededor de la cuestión de si Valdez es imputable o inimputable. Por lo que gritaba cuando lo detuvieron –“yo soy el jefe, yo ya gané”–, el hombre no parecía en sus cabales. Pero su familia afirma que no tiene antecedentes psiquiátricos. El juez está analizando los celulares de todos los allegados para ver cuál era el cuadro unos minutos antes. La impresión es que Valdez estaba desesperado por el dolor en la pierna. No hay más indicios que ese. Y les dejó algunos mensajes de audio en guaraní, que el juzgado mandó a traducir. Valdez es nacido en Paraguay. «Estaba raro», dijeron los familiares.
Por supuesto que una hipótesis es que se trata de un consumidor de droga, en especial paco o derivados de la cocaína. La familia lo desmiente: declararon bajo juramento que Valdez no tiene adicciones. Habrá que ver el resultado de los estudios toxicológicos, pero suelen tardar una semana. Todo se mandó a hacer.
En realidad, Valdez declaró, pero no declaró. Dijo sólo esa frase de que confundió a la mujer con otra persona y después no aceptó preguntas. En todo momento estuvo asistido por Ricardo De Lorenzo, un defensor oficial de muchísima experiencia.
Los hechos en sí mismos no tienen dudas. El juez Peluso y su secretario, Diego Villanueva, no sólo tuvieron testigos presenciales, sino también las imágenes de una cámara de seguridad. La escena no se ve de cerca, pero sí permite distinguir claramente qué sucedió. Valdez bajó de un vagón del subte, pidió que lo ayudaran porque le dolía la pierna, se acercaron dos empleados de seguridad, lo asistieron, le dieron una silla y le pidieron a Maribel –a la que conocían porque siempre estaba en el andén– que se haga cargo de la situación. Cuando traen una camilla rígida, Valdez explota. Sustrae el arma de la cartuchera de Zalazar, libera el seguro de la pistola, acciona dos veces la corredera, y dispara.
Es decir que no hay duda del autor ni de los hechos. No obstante, el juez ordenó tres estudios relacionados con la autoría en sí misma. Una pericia de restos de fulminante en las manos de Valdez; una pericia de moléculas de olor también en las manos del hombre y un análisis de ADN en el arma. Son estudios y pericias de rigor, que sólo certificarán lo que dicen los testigos y se ve en la cámara de seguridad.
Por lo tanto, todo el foco estará puesto en la cuestión psiquiátrica. La lógica indica que Valdez es inimputable porque los hechos carecen de sentido: no hubo ni un robo ni un incidente ni ningún factor que explique algún tipo de reacción. Y tampoco tienen asidero en la realidad los gritos posteriores. El hombre tiene dos causas anteriores que evidencian violencia: por violencia de género y por resistencia a la autoridad. Su exesposa declaró este jueves ante el secretario Villanueva y minimizó aquella denuncia. Pero es evidente que ya había antecedentes de gravedad.
Con los estudios psiquiátricos a la vista, el juez Peluso tendrá que resolver la situación dentro de los próximos diez días hábiles. No hay muchas alternativas. O lo procesa con prisión preventiva por homicidio agravado por haberse cometido contra un integrante de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad, abuso de arma de fuego y lesiones graves (contra el empleado de la empresa de seguridad). O dicta la inimputabilidad y lo envía a un psiquiátrico.