La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el uso arbitrario de la fuerza por parte del gobierno de Perú durante la intervención de la policía en la Universidad Mayor San Marcos. El desalojo ocurrió el pasado 21 de enero y unas 200 personas fueron detenidas, entre ellas, una niña de ocho años. La Defensoría del Pueblo ya había denunciado malos tratos a los detenidos.
El comisionado de la CIDH, Edgar Ralón, presentó un adelanto del informe sobre la situación en Perú a casi dos meses de la crisis desatada tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Ralón aprovechó para referirse al uso arbitrario de la fuerza durante la incursión de las fuerzas policiales en la Universidad Mayor San Marcos.
«El Estado no puede justificar un quebrantamiento a los estándares del uso de la fuerza pública en detrimento a los derechos humanos», aseguró el comisionado que llamó a atender las causas estructurales de la crisis en el país andino.
Ralón también recordó la obligación que tiene Perú de realizar “investigaciones serias, imparciales y efectivas” y con un enfoque étnico-racial.
El representante de la cancillería de Perú ante la CIDH, Paul Duclos, defendió la decisión del gobierno y aseguró que la intervención se realizó “en flagrancia delictiva en el contexto del estado de emergencia en Lima”.
El embajador de Colombia, Luis Ernesto Vargas, criticó al gobierno de Perú por la intervención en la universidad y aseguró que es un reflejo del “agravamiento reminiscente de épocas aciagas en el continente”.
“El impacto que causa ver tanquetas para acceder a la universidad lo hace a uno pensar en el carácter indiscutible de las garantías a los derechos fundamentales”, añadió. Vargas también presentó una resolución para que el país andino convoque a elecciones pronto.
¿Cómo fue la represión en la Universidad de San Marcos?
El pasado 21 de enero la policía de Perú irrumpió en la Universidad Mayor de San Marcos con tanques y cientos de policías. Al interior de la facultad había manifestantes que llegaron a la capital para participar en las marchas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
La policía desalojó a los manifestantes y a los estudiantes que también estaban protestando en contra del gobierno. El operativo finalizó con al menos 200 detenciones. En ese momento la CIDH expresó su preocupación por la irrupción de la policía en la casa de estudios más importante del país.
«Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», apuntó la CIDH tras la incursión policial.
Después de la represión, la presidenta Dina Boluarte habló sobre el operativo en la universidad limeña. «Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos», aseguró la mandataria aunque rápidamente pasó a defender la intervención de la policía y dijo que los detenidos habían sido liberados. Sin embargo la liberación fue ordenada por la fiscalía y no por el gobierno de Boluarte.
La Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que le recomendó al gobierno incorporar medidas específicas para garantizar el trato digno y respetuoso de las personas detenidas.
También pidió que las autoridades aseguren «una atención diferenciada y especializada a niñas, niños y adolescentes». En cuanto a la detención de indígenas, la Defensoría urgió a las autoridades a respetar la dignidad y los derechos de los detenidos «acorde a su lengua materna y tradiciones, con un enfoque de interculturalidad».