Incluso antes del intento golpista del domingo, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se había convertido en el azote de Jair Bolsonaro, al punto que, aún en el ejercicio de la presidencia,este llegó a decir -para desdecirse luego- que ya no acataría sus sentencias. Esa tirria se ha hecho extrema desde el ya inolvidable 8-E, hecho que revela al magistrado como uno de los principales arietes contra el extremismo de derecha, incluso con métodos que comienzan a ser discutidos por el Brasil garantista.
Remoción
Uno de los temas más comentados en el “círculo rojo” del país vecino es lo que rodeó la decisión de De Moraes -instructor de la causa por la fallida asonada en el STF- de suspender por 90 días al gobernador bolsonarista del Distrito Federal Ibaneis Rocha.
Se trató de una medida sin precedentes y tomada sin investigación y sin que haya mediado consulta alguna con el aparato de seguridad o el Congreso, señaló ayer Folha de São Paulo. De Moraes estimó que la permanencia del hombre de quien dependía, en última instancia, un dispositivo de seguridad que no solo falló, sino que exhibió posibles indicios de connivencia con los “terroristas”, habría conllevado un riesgo de obstrucción de las pesquisas. Dicho concurso alcanzaría también a jefes militares, dijo ayer Luiz Inácio Lula da Silva.
Más allá de las sospechas, el magistrado señaló posibles responsabilidades en el funcionario, quien será investigado por “conducta dolosa de omisión”.
O Estado de São Paulo publicó un artículo que refleja la polémica, titulado “Acciones golpistas en Brasilia acentúan el debate sobre el Poder Judicial y la ‘democracia militante’”.
Más allá de las medidas ejecutivas que llevaron al masivo blindaje de seguridad en el centro de Brasilia, las manifestaciones bolsonaristas previstas para el último miércoles “para retomar el poder” terminaron cancelándose también por la advertencia de De Moraes de que nuevos hechos de violencia implicarían más arrestos y la aplicación de multas de 20.000 reales para las personas físicas y de 100.000 para las jurídicas, esto es 3.500 y 17.800 dólares, respectivamente.
Por otro lado, la disuasión se vinculó con el espectáculo de más de un millar de arrestados el domingo atestados en un gimnasio brasiliense a la espera de ser interrogados y procesados.
Las condiciones de detención en esa sede fueron motivo de controversia, algo que fue abordado por el implacable De Moraes, quien recordó que “la prisión no es una colonia de vacaciones”.
Uno de sus anteriores colegas en el STF, el ya retirado Marco Aurélio Mello -un juez garantista-, admitió haberse equivocado “rotundamente” en 2017 al elogiar su nombramiento. Consideró que la suspensión de Rocha fue “un acto de fuerza” y denunció que lo actuado por De Moraes, a quien dijo conocer “desde hace muchos años”, “realmente no está contribuyendo a la paz social”.
Efectos
Polémicas aparte, la dureza del magistrado hoy resulta un auxilio para Lula da Silva, que no se sabe si salió fortalecido o debilitado del 8-E. Fortalecido porque la violencia no encendió la chispa que esperaba en los cuarteles militares; debilitado porque la amenaza del bolsonarismo más radicalizado no desaparecerá por el arresto de algunos cientos de sus militantes.
Hay que notar, con todo, que si bien el presidente ha prometido actuar con todo el rigor de la ley contra los alzados, también dijo que velará por el imperio del debido proceso y los derechos constitucionales, algo que justamente le fue denegado a él por el exjuez Sergio Moro y todos los tribunales que revisaron su sentencia condenatoria, incluido el Supremo que, tardíamente, cayó en la cuenta de que el mentor de la operación “Lava Jato” no había sido el juez natural en la causa del tríplex de Guarujá.
El futuro luce complejo para Lula da Silva. A días apenas de haber asumido el cargo, su popularidad llega al 51,1%, según una encuesta de la consultora Atlasintel publicado el miércoles. El número, lejano a lo esperable para un mandatario recién llegado al poder, es prácticamente el mismo que el que obtuvo en el balotaje del 30 de octubre: 50,9%. Medio Brasil no lo tolera y millones aún creen lo que afirma Bolsonaro, esto es que dicho resultado fue producto de un fraude y que un gobierno comunista ilegítimo ha tomado el país.
Dudas
Aunque De Moraes es un ancla en este momento, algunos de sus antecedentes lo convierten en una figura curiosa como bastión de la institucionalidad.
Como se señaló, llegó al Supremo en 2017, designado por Michel Temer, el hombre que se instaló en el Palacio del Planalto tras una conspiración maloliente contra Dilma Rousseff, cuyo juicio político instigó desde la sombra de la vicepresidencia.
Anteriormente, había sido secretario de seguridad del Gobierno de San Pablo en tiempos de Geraldo Alckmin, el actual vice de Lula da Silva. Desde ese cargo fue repetidamente denunciado por la dureza con la que actuó contra las manifestaciones de los movimientos sociales.
En el último tramo del mandato de Bolsonaro, el elusivo De Moraes se reveló como un verdadero azote de la ultraderecha. Indagó en la presunta obstrucción del entonces mandatario de una investigación de la Policía Federal sobre corrupción que involucraba a sus hijos. Además, investigó la red de diseminación de noticias falsas montada en la sede de la presidencia, ordenó por tal causa allanamientos y detenciones, e intimó a las redes sociales a eliminar contenidos tendenciosos, sobre todo los vinculados a las infunda-
das denuncias de fraude con las urnas electrónicas. En agosto del año pasado, De Moraes asumió también en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en cuyo interés defendió agresivamente la confiabilidad del sistema de votación.
Todas esas causas siguen su curso y a ellas se suma ahora el intento de golpe. En sus manos está el posible bloqueo de las cuentas del excapitán y el procesamiento de tres diputados que le responden por presunta incitación al golpe.
Bolsonaro, que aún se encuentra en Estados Unidos, sabe que a su regreso a Brasil podría esperarlo un destino aciago.