“Seguimos deteniendo trapitos a full, entre ayer y hoy detuvimos cerca de 15. Se agradece si nos ayudan avisándonos vía Ojos en Alerta. No se dejen extorsionar, en Pinamar los vamos a defender.” tuiteó el martes pasado Martín Yeza, el intendente del PRO que centraliza sus acciones de “cuidado” en detener trabajadores de la calle. O de la playa, como mostró el video viralizado en donde un grupo de turistas defendía a un vendedor de churros que era detenido por la policía.
“No es la primera vez que Yeza hace algo así, ya pasó con los churreros” dice Javier Ignacio Baños, un abogado de extensa carrera dentro del poder judicial que inició una acción penal contra el intendente por su dichos en red del pajarito. “Nadie tiene derecho a joder la vida de otra persona. Acabo de ratificar la denuncia, recién hablé con la fiscalía” dijo al comenzar su diálogo con BuenosAires/12.
En el artículo 225 del código procesal, que establece los parámentros para realizar una «requisa personal» se afirma que “el juez, a requerimiento del Agente Fiscal, ordenará la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta, en su cuerpo, cosas relacionadas con un delito”. Partiendo de ello, Baños afirmó: “Eso no solo te demuestra el título que es aberrante de ‘te vamos a detener porque perteneces a cierta clase de trabajadores’ sino que, además, en la imagen del tweet mostraba una requisa, un policía que estaba revisando. El mensaje es ‘te estamos requisando por ser trapito’ … es una locura”.
“Yo me indigné. Si Yeza ponía ‘detuvimos a quince periodistas y vamos a seguir deteniendo porque no toleramos la extorsión’ ¿Qué hubiera pasado? Sería un escándalo nacional. Pero como puso trapito lo generalizamos”, subrayó el abogado, quien demostró que el impulso de su denuncia fue el enojo automático al ver la publicación del intendente.
Acerca de los trapitos, Baños reflexionó: “Cuando era fiscal pasaba por todos los semáforos y me llevaba bien con ellos, puede ser que haya alguno que sea extorsionador y cometa delitos, en todo caso ahí accioná y bajo el debido proceso. Pero no generalices. Van a los laburantes y le sacan lo suyo, y a ellos no los defiende nadie. Son pibes que no tienen voz, eso está mal. Se pasaron todas las disposiciones de la Constitución, de la Comisión Americana y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”.
“Mi denuncia es la indignación de un ciudadano común frente a un atropello tremendo. A medida que te pones a analizar el tuit te das cuenta de la gravedad. Le está diciendo a un grupo de trabajadores ‘ustedes no entren acá, porque si entran los vamos a detener’. Los está amenazando para que dejen de hacer algo, ósea para que hagan abandono de su lugar de trabajo. Eso, es una coacción agravada en el código. Es la coacción más agravada que hay” afirmó con dureza Javier Baños, quien además subrayó que “el delito de amenaza tiene una pena, cuando las amenazas son coactivas es una pena más grave, pero si la amenaza encima invita a dejar tu trabajo, es lo más agravado de todo” destacando que el mismo “tiene una pena de hasta 10 años de prisión” y es un delito “por el cual lo podrían detener”.
A su vez, el abogado fue tajante al describir el accionar del intendente de Pinamar: “Acá hay discriminación, falta de ética e incitación a la violencia colectiva. La gente está sensible, se polarizan y saltan en contra de los trapitos». «Repito, puede haber alguno que haga algo malo, pero son todo tipos normales y laburadores, Han dejado un país quebrado, mucha gente está debajo de la línea de la pobreza y si no labura no come” sentenció Baños.