La niña de 12 años que pidió abortar el embrión producto de los abusos de su padre y que el fin de semana fue captada por integrantes de la asociación civil Gravida, fue puesta bajo el sistema de protección del Estado, mientras se evalúa su situación, informaron voceros oficiales. La chica, oriunda de Garibaldi, a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, debía ser sometida a la interrupción del embarazo el lunes pasado, pero nunca llegó al hospital Iturraspe, donde había sido programada la práctica. Una investigación oficial estableció que, durante el fin de semana, luego de que la niña y su madre firmaran el consentimiento para abortar, había sido llevada a una casa de la asociación civil Grávida, en donde fue rescatada el martes.
Ahora, la niña está internada junto a su madre en un hospital público de Santa Fe. Las autoridades esperarán a que «se tranquilice» para tomar una decisión, informó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo, a cuyo cuidado estaba la niña cuando fue captada por Gravida.
Voceros del Ministerio de Salud provincial informaron que la niña transita el segundo trimestre del embarazo, por lo que aún estaría a tiempo de someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Abusada por su padre, captada para que no aborte
El 19 de diciembre, la niña fue llevada por su madre a un control médico, durante el cual se descubrió que estaba en curso la gestación. Tras eso, la chica le contó a su madre que su padre había abusado de ella en reiteradas ocasiones.
La nena expresó su voluntad de ser sometida a la interrupción del embarazo y su madre la apoyó en la decisión, por lo cual ambas firmaron un consentimiento en tal sentido. La intervención se realizaría en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, el lunes. Sin embargo, la nena y su mamá no se presentaron, por lo que la Justicia inició una investigación para dar con sus paraderos.
Voceros de esa investigación establecieron que madre e hija habían sid contactadas durante el fin de semana por integrantes de la asociación civil Grávida, que intentaron convencerla para que no abortara. Luego, la Justicia halló a la nena en una casa de la asociación, de donde la rescató con la fuerza pública para llevarla a un hospital..
Por otra parte, tras la denuncia, el MPA ordenó la captura del padre abusador, G.M.A., -de 42 años y que tiene antecedentes por violencia de género-, algo que se concretó poco después en la ciudad santafecina de Recreo.
Este miércoles, la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Especial de Género, Familiar y Sexual (Gefas), imputará a G.M.A., por el delito de abuso sexual agravado.
«Organización fundamentalista»
A raíz del caso, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe apuntó contra Grávida, a la que tildó de «organización fundamentalista» y pidió que se investigue su accionar en el caso, debido a que «quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo«.
«Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del artículo 47, inciso C de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10″ (que refiere a no limitar derechos de los niños) y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento», indicó la Campaña en un comunicado.
El texto expuso el pedido que «se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes».
María Ángeles Guerrero, referente de la campaña en Santa Fe, sostuvo en diálogo con radio Brigadier López que Grávida «no es una ONG de a pie», sino que «es una organización que existe en nuestro país desde 1980, con 69 sedes en todo el territorio, con mucho poder económico», que «se ampara en creencias religiosas para perseguir a las mujeres que quieren abortar por múltiples razones».
El Estado presentará el caso Grávida ante la justicia
Ahora, profesionales de la Secretaría de Niñez y de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social analizan los pasos a seguir para garantizar el derecho de la niña de acceder al procedimiento que establece la ley 27.610, de interrumpir el embarazo en el caso de que así lo decida.
Por otra parte, Chialvo dijo que «Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado (la interrupción) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado», indicó un comunicado de la Secretaría de Niñez.
Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, detalló que “considerando la gravedad, vulnerabilidad y complejidad que conllevaba” el caso se trabajó de manera interministerial, y agregó que «como es de público conocimiento, la niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al Hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo”.
“Desde ese momento, se pusieron a disposición todos los mecanismos estatales previstos para garantizar el cumplimiento de este derecho. En el trayecto fueron interceptadas por una ONG que buscó impedir que el procedimiento se llevara a cabo”, detalló la ministra a través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter.
Y agregó que: “A partir de ello, la Secretaría de Niñez solicitó una medida de protección excepcional transitoria y, a pesar de las acciones de esta ONG para evitar su cumplimiento, los equipos estatales de forma inmediata lograron que volvieran a estar contenidas y asistidas”.
“En este sentido, quiero destacar que sin una intervención coordinada e inmediata esto no hubiera sido posible y que esta situación expresó un intento por parte de una organización de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad”, apuntó Marinaro.
Por último, la funcionaria destacó que “como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre”.