Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sigue acumulando denuncias. Esta vez fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien hizo una presentación ante la justicia federal riojana contra Robles y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro después de que se conocieran los chats que intercambiaron sobre dos temas que estaba estudiando la Corte Suprema: la disputa por los fondos coparticipables entre la Ciudad y la Nación y la pelea por una banca en el Consejo de la Magistratura.
Quintela denunció a Robles y a D’Alessandro por violación de los deberes de funcionarios públicos y por tráfico de influencias. El gobernador englobó las conversaciones por Telegram que se conocieron la semana pasada dentro de lo que denominó como un «esquema de corrupción» diseñado por ambos funcionarios.
“La corrupción supone una relación entre dos agentes, o más (Robles y D’Alessandro) precisamente, un intercambio irregular de prestaciones entre dos partes, el receptor de la ventaja y el otorgante de la misma (asesoramiento con respecto al Consejo de la Magistratura, fallo por la coparticipación)”, dice el escrito al que accedió Página/12.
Después de promover el juicio político contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, Quintela instruyó al fiscal de Estado riojano, Gustavo Roque Ibarra, para que hiciera esta presentación ante la justicia federal con sede en la provincia. Al igual que en el pedido presentado por el presidente Alberto Fernández y otros diez gobernadores, Quintela habló de una «relación espuria» entre el vocero de Rosatti y D’Alessandro, que redundaba en fallos favorables para el macrismo y particularmente para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció su intención de competir en las elecciones presidenciales de este año.
En esa línea, Quintela pidió que se allane el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño –que hasta el martes ocupó D’Alessandro– y que se secuestren los teléfonos de Robles y de su interlocutor en el Gobierno de la Ciudad.
Con anterioridad, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había denunciado a Robles por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El juez a cargo del expediente, Guillermo Molinari, ordenó que el funcionario de la Corte depositara su teléfono en la secretaría de la Corte que estuviera de turno durante la feria. Sin embargo, trascendió que esa medida no se efectivizó porque Robles está de vacaciones en el exterior. Sí se supo que hizo presentaciones en la causa a través de su abogado Matías Ledesma.
Robles hizo saber, a través de su letrado, que le preocupaba que la Policía Federal Argentina (PFA) hubiera ido a su casa y a la de su hijo en los últimos días y que esas actuaciones no estuvieran incorporadas al expediente digital. Fuentes de la cartera de Seguridad confirmaron que la PFA concurrió al domicilio del funcionario de la Corte para notificarlo de un oficio que había mandado el juez de Santiago del Estero. «Fueron tres veces y finalmente pasaron la notificación por debajo de la puerta», explicaron.
A Comodoro Py, sin escalas
En las últimas horas, el juez Molinari declinó la competencia y envió la causa a los tribunales de Comodoro Py. Allí, hay, al menos, dos denuncias radicadas en el juzgado federal de Ariel Lijo, que podría ser el magistrado que concentre la investigación sobre los vínculos entre el hombre de confianza de Rosatti y el ministro de Rodríguez Larreta que debió pedir licencia después de que estallara el escándalo.
Una de las denuncias que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py fue formulada por Gastón Marano, el abogado defensor de Nicolás Carrizo –uno de los vendedores de algodón de azúcar detenidos por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner–. La vicepresidenta se hizo eco de una nota publicada por el periodista Raúl Kollmann que mostraba que la maniobra de Marano terminaba favoreciendo a Robles al traccionar la investigación hacia un terreno más favorable. “Impresiona el entramado mafioso”, tuiteó CFK.
Este jueves estaba previsto que Carrizo ampliara su indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. Sin embargo, Marano pidió postergar la declaración de su defendido porque estaba de vacaciones. Entre quienes siguen la causa por el intento de magnicidio sorprendió que el abogado se hiciera tiempo para denunciar a Robles mientras estaba descansando. La indagatoria del jefe de la banda de los copitos se postergó para el martes próximo.