El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que renovará a su gabinete ministerial tras aceptar la renuncia de su primer ministro, Aníbal Torres, el cuarto en dejar el cargo en casi un año y medio de gobierno, causada por una nueva pugna entre el Ejecutivo y el Congreso controlado por la oposición.
«Habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su trabajo por el país, renovaré el gabinete», dijo Castillo en un mensaje al país que pronunció al filo de la medianoche y que fue transmitido desde Palacio de Gobierno por la televisora estatal.
La renuncia de Torres se produjo en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo de izquierda y el Legislativo, controlado por las bancadas de derecha.
Horas antes de que se anunciara la renuncia, el jefe del Congreso, José Williams, había anunciado que «la Mesa Directiva rechaza de plano la cuestión (del voto) de confianza» planteada por el renunciante primer ministro hace una semana.
El responsable del Parlamento alegó que la decisión se tomó sin necesidad de que el pleno debata la propuesta del gobierno «por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema», según la ley, reflejaron las agencias de noticias AFP y Europa Press.
El gobierno recurrió a la figura del voto de confianza respecto a un proyecto de ley del Ejecutivo en el cual plantea proponer un referendo, sin pasar por el filtro del Congreso.
Cruces por el debate sobre el referendo
Torres, un abogado de 79 años que asumió el cargo en febrero, había advertido que renunciaría si el Congreso no debatía el proyecto de ley sobre el referendo.
Castillo quiere promover una consulta sobre la Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna (1993) que promueve el libre mercado y convirtió a Perú en una de las economías más abiertas de la región, pero también con mayor desigualdad.
«Nosotros como gobierno quisimos devolverle a todos los peruanos y peruanas este derecho que en el actual Congreso ciertos políticos han decidido rechazar. Es necesario exhortar también a quienes desde el Congreso siguen forzando con insistencias de vacancia (destitución) con denuncias falsas y acusaciones como traición a la patria», alegó el mandatario en su discurso.
Betssy Chávez, su reemplazo
El renunciante es el cuarto jefe de gabinete en dejar el cargo desde que Castillo asumió el poder hace 16 meses. En su lugar, fue juramentada la exministra de Cultura Betssy Chávez.
La funcionaria, que había sido censurada por el Congreso mientras cumplía el cargo de ministra de Trabajo, será la segunda mujer que ocupa el cargo en el Gobierno de Castillo luego de Mirtha Vásquez.
El presidente peruano deberá nombrar un quinto gabinete en los próximos días, en momentos que enfrenta seis investigaciones de la fiscalía por supuesta corrupción y colusión.
Es tradición en Perú que todos los ministros pongan sus cargos a disposición del Presidente cuando dimite el primer ministro, quien es el encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete y de llevar las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.
La nueva jefa de gabinete debe ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
En caso de que el Congreso niegue el voto de confianza al nuevo gabinete, el Gobierno considera que está habilitado legalmente para disolver el Congreso, de acuerdo con la Constitución de Perú.
No obstante, el asesor jurídico de mandatario, Ronald Atencio, y el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, aseguraron que Castillo no contempla esa alternativa.
«No existe la intención del presidente Castillo de disolver el Congreso, lo que se está buscando son los entendimientos políticos y la restitución del derecho de los ciudadanos», afirmó Atencio a la Radio Nacional.
Salas, por su parte, dijo al portal peruano de noticias RPP que la intención del Gobierno se circunscribe a encontrar consensos y lograr un «campo de equilibrio de poderes» con el Congreso.
«El Gabinete que se espera debe ser fuerte, sólido, que logre ayudar a las buenas relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, no que fuerce una denegatoria de una próxima cuestión de confianza (…) Y decir al Parlamento que es hora de trabajar juntos, eso es lo que se está buscando desde hace tiempo», indicó.
«El Presidente lo ha dicho en su mensaje a la nación: que se ha denegado la confianza al poder ejecutivo y es por eso que va a renovar el gabinete y sobre base de eso habrá un nuevo premier o una nueva premier», agregó el habitual vocero del Gobierno.
Con esta aclaración, Salas apuntó a que el Gobierno interpreta el rechazo al proyecto de ley como que el Congreso le negó la confianza a Torres, aunque el Legislativo considera que no fue así, sino que su pedido fue rechazado por improcedente, razón por la cual no se debatió en el pleno.
El presidente del Parlamento, José Williams, precisó que el presidente no puede interpretar el sentido de las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo y advirtió que “hacerlo llevaría a una disolución inconstitucional del Congreso”.
En consecuencia, anunció que usarán herramientas constitucionales para la defensa institucional del Parlamento, según reportó el diario Perú 21.
Torres acompañó a Castillo desde su época de candidato a la presidencia y fue designado ministro de Justicia en el primer gabinete del Gobierno, cargo que desempeñó hasta febrero.
Además del cerco judicial, Castillo enfrentó dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 66% según los sondeos.
Esa creciente tensión llevó al mandatario a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana.
Una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes.
La nueva crisis política estalló el mismo día que una comisión del Congreso acordó tramitar una imputación de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.
Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso. Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.