Las querellas en la investigación por delitos cometidos durante la investigación del atentado a la AMIA reclamaron este jueves agravar las penas impuestas en un juicio oral al destituido exjuez federal Juan José Galeano y otros acusados, y revocar absoluciones de otros imputados.
Por su parte, las defensas de los acusados pidieron que se revoquen las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 en un juicio y se los absuelva, durante la audiencia que tuvo lugar ante el máximo tribunal penal federal del país que tiene que revisar ese veredicto.
Tras la audiencia, Casación tendrá ahora 20 días hábiles para tomar una decisión.
Las ponencias de los representantes de los familiares
«Las penas impuestas resultan absolutamente exiguas, teniendo en cuenta la trascendencia de los hechos aquí investigados», sostuvo el abogado de una de las querellas de familiares de víctimas, Martín Alderete, al inicio de la audiencia.
El abogado que representa a la agrupación Apemia solicitó que se haga lugar a las apelaciones contra las condenas resueltas por el Tribunal Oral Federal 2 y se eleven las penas.
«Estamos hablando del ocultamiento de la verdad y el encubrimiento en relación al atentado terrorista más grave que ha sufrido nuestro país. Esto implica graves violaciones a los derechos humanos por parte de altos funcionarios del Estado», agregó.
«Toda la gama de delitos que se le puede achacar a un Estado fueron cometidos en la causa AMIA»José Manuel Ubeira
En segundo lugar expuso el abogado José Manuel Ubeira, por la querella del ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, quien pasó más de 8 años preso acusado del atentado junto a otros tres ex efectivos de esa fuerza hasta que todos quedaron absueltos y recuperaron la libertad en 2004, al término del primer juicio por el ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos.
«Toda la gama de delitos que se le puede achacar a un Estado fueron cometidos en la causa AMIA», advirtió Ubeira ante los camaristas Carlos Mahiques, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña en la audiencia que se realizó con el Tribunal y parte de los abogados en la sala de audiencias y las restantes partes conectadas en forma remota.
El destituido juez Galeano, condenado a seis años de prisión, «fue el mascarón de proa de una decisión que fue tomada desde la política y él simplemente ejecutó», dijo Ubeira sobre el pago ilegal de 400 mil dólares al otro acusado por el atentado, Carlos Telleldin, para que en 1996 declarase e introdujera a la causa a los policías bonaerenses como supuestos receptores de la camioneta Trafic que se usó como cochebomba.
En 2004, el Tribunal Oral Federal 3 anuló toda la investigación y liberó a los detenidos por los graves delitos que consideró probado se cometieron en la investigación, principalmente el pago a Telleldín.
Tras ese veredicto, se inició la causa penal contra Galeano, el fallecido ex presidente Carlos Menem, el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, ex agentes de inteligencia, los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros y se realizó el juicio cuyo veredicto analiza ahora Casación.
Al respecto, Ubeira reclamó también que se revoque la pena de dos años de prisión en suspenso a Mullen y Barbaccia y se imponga una condena mayor.
«A Juan Galeano le pedimos 15 años de cárcel y que le hayan dado seis y a los fiscales que les pedimos 12 les hayan dado dos es que nos toman el pelo», remarcó.
Y recordó que el juicio se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri y la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y Mario Cimadevilla «a cargo de AMIA» en ese entonces actuaron para «que se les hiciera mucho más fácil el trámite» a los fiscales.
Beraja «era la parte política de la representación de la comunidad judía que fue parte de la maniobra de encubrimiento», agregó al pedir revocar su absolución.
Ubeira reclamó además revocar la absolución del ex agente de inteligencia Patricio Finnen porque «surge que fue quien recibió sumas de dinero» a pagar a Telleldín y fue «la persona encargada de la operación» desde la entonces SIDE.
Memoria activa
Tras unas breves palabras de Ribelli, fue el turno de las restantes querellas del Ministerio de Justicia de la Nación, el abogado Rodrigo Borda por la agrupación de familiares Memoria Activa.
El abogado Adolfo Grifo, por el Ministerio de Justicia, remarcó que el Estado nacional «ha realizado un reconocimiento de su responsabilidad la Corte Internacional de Derechos Humanos» el 13 y 14 de octubre pasados en el caso «Memoria Activa».
«Este reconocimiento alcanzó la responsabilidad por la violación del derecho a la vida, no discriminación y a la protección judicial» y en ese marco el Estado argentino «reconoció la responsabilidad por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA, entre la que se encuentra las maniobras de esta causa», agregó.
La «impunidad no hubiese sido posible sin la participación de los imputados» y por eso la querella entiende que el Tribunal de juicio «arbitrariamente desincriminó a algunos», ante lo cual se pidió revocar absoluciones, entre ellas la del entonces abogado de Telleldín, Víctor Stinfale y ordenar condenarlos.
Borda expuso luego por la querella del Cels, que representa a Memoria Activa, y reclamó revocar absoluciones y la determinación de una nueva pena para Galeano y Anzorreguy.
El Tribunal de juicio hizo un «análisis fragmentado de la prueba» y fijó penas de seis años a Galeano y 4 años y seis meses al entonces titular de la SIDE Anzorreguy «por delitos gravísimos», remarcó y pidió «dictar una sentencia de condena con arreglo a la ley».
Galeano, presente en la sala
En la sala de Comodoro Py 2002 estuvo presente la defensa del ex juez Galeano, que pidió que se revoque la condena a seis años de prisión en su contra y se lo absuelva porque las acusaciones «se remiten a decisiones judiciales que adoptó como juez» y nunca «se le atribuyó haber obtenido rédito económico o provecho personal, ni dádiva ni cohecho ni haberse enriquecido ilícitamente».
Galeano se defendió durante 9 días de declaración indagatoria en el juicio en su contra y «de ninguna manera» se probó que haya sido él quien «instruyó» a Telleldín para declarar contra los policías bonaerenses, sostuvo la defensa.
«La condena se impuso al juez que cargó sobre sus espaldas la causa por el más grave atentado» en la historia argentina y que «buscó avanzar con nulas herramientas legales y con colaboradores de la Justicia que no estuvieron a la altura» de las circunstancias, dijo.
Las defensas de los exfiscales Mullen y Barbaccia reclamaron la absolución porque se los condenó por un hecho por el que no llegaron a juicio mientras que la abogada Valeria Corbacho pidió confirmar la absolución de Beraja, quien se conectó junto con ella para presenciar la audiencia.
Casación también tiene que resolver si confirma la condena a tres años y seis meses de prisión impuesta a Telleldín, cuya defensa también pidió la absolución.
Lo mismo pidió la defensa del extitular de la SIDE Anzorreguy mientras que el abogado de Stinfale, Mariano Cúneo Libarona, solicitó que se confirme la absolución.