En el Ministerio de Salud de La Rioja se presentó el monitoreo de acceso a la salud sexual y reproductiva realizado durante el 2021 e impulsado y coordinado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Argentina y la Red de Organizaciones de la provincia.
Fueron encuestadas 240 usuarias del subsector de salud pública y 68 integrantes de diferentes equipos de salud de la provincia y se buscó “conocer las condiciones generales de atención de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos a las cuales acceden las y los usuarias/os de los servicios de salud pública; identificar la información sobre los derechos sexuales y reproductivos que poseen usuarias y equipos de salud y realizar una aproximación sobre el acceso en poblaciones específicas, tales como el colectivo LGBTTTIQA+, personas con discapacidad y mujeres indígenas».
En la presentación participaron Valeria Isla, Directora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Marcia Ticac, secretaria de Promoción y Prevención de la Salud; Ana Morillo y Ana Nahas, integrantes del área de salud de CDD Argentina.
Respecto de los métodos de anticoncepción, el informe señala que “durante los últimos 5 años, 85% de las usuarias señaló haber usado al menos un método anticonceptivo y el 13,3%, ninguno”. Los métodos más utilizados por las usuarias encuestadas son: el 20,4%, anticonceptivos orales, el 19,4% dispositivo intra-uterino (DIU), el 16,8% anticonceptivos inyectables y preservativo el 22,9%.
“En relación a la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) llama la atención que tan solo la mitad de las mujeres encuestadas recibieron información sobre su uso por parte del equipo de salud, y aún más teniendo en cuenta que desde el año 2005 forma parte de la oferta de insumos de Salud Sexual y Reproductiva de La Rioja. “El marco legal vigente prevé actividades de información y comunicación que deberían ser llevadas a cabo por los efectores de salud a la vez que propiciadas y controladas por los gobiernos locales”, expresa el monitoreo.
Respecto del aborto legal, alrededor de un 60% de las usuarias no tienen conocimiento sobre la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Sólo el 37,1% y el 39,2% de las mujeres encuestadas sí conoce sobre IVE e ILE respectivamente.
“Es notable el porcentaje de encuestadas que desconoce la legislación sobre IVE/ILE (Ley N° 27.610). Sin embargo un porcentaje mayoritario de usuarias (90,85%) conoce las causales para acceder a un aborto después de la semana 15 de gestación, no obstante las causas más mencionadas por las mujeres son: violación, malformación fetal y enfermedad de la mujer. Esto se correlaciona con las dificultades con las cuales suelen encontrarse las mujeres que cursan el segundo trimestre del embarazo para acceder a una interrupción legal del embarazo por otras causales tales como salud integral o salud mental, establece en sus conclusiones el informe.
También destaca que el 70,4% de las usuarias aún desconoce la posibilidad que habilita la ley de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, es decir sin justificar causal, hasta la semana 14 de gestación inclusive. Un 64,2% considera que debe hacerse una denuncia policial para poder acceder a un aborto en caso de violación, y un porcentaje importante (45%) considera que se necesita la autorización de un juez.
Las mujeres que respondieron que sí se harían un aborto, creen que se enfrentarían a dificultades al hacerlo y “entre las más nombradas están miedo a lo que le puedan decir o a la opinión de un profesional, discriminación o condena social, miedo a la opinión de la pareja, o por pensar que las instituciones de salud no cuentan con los recursos para garantizar una IVE”.
El procedimiento más conocido para la realización de un aborto es el tratamiento con misoprostol, le sigue en segundo lugar el legrado. “Esto es coincidente con la práctica más utilizada desde los servicios de salud y la escasa accesibilidad al aborto ambulatorio, a pesar de que el tratamiento medicamentoso, ambulatorio y garantizado desde el primer nivel de atención es la forma de resolución de los abortos en aproximadamente el 90% de los casos en nuestro país. Hay un gran porcentaje de usuarias que nombra el legrado como posibilidad terapéutica, esto se debe a la gran extensión de esta práctica a pesar de la sugerencia de la OMS y las diferentes organizaciones de gineco-obstetricia de reemplazar este método por el AMEU.
Respecto de las comunidades indígenas, personas con discapacidad y LGBTI+ consideran que “el camino a seguir es el de capacitar a los y las integrantes de los equipos de salud en la atención integral, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, asegurando un acceso universal a la salud de todas las personas consultantes, generando integralidad desde las diferentes perspectivas: de discapacidad, intercultural y diversidad”. “Otra línea importante de trabajo es la de acercar información y realizar actividades de comunicación en pos de brindar herramientas para el cumplimiento efectivo de sus derechos a las personas que consultan los servicios de salud en general y en particular”.
Ana Morillo, de CDD Argentina, afirmó que el monitoreo evidenció que “actualmente se garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva en todos los distritos sanitarios de la Provincia y resaltó la importancia de incrementar la información a la población y los equipos de salud sobre el acceso a estos servicios”. Dijo que “hay que trabajar sobre el AMEU, que es una práctica médica como técnica para la Interrupción del embarazo que no se conoce y reemplaza el legrado” en el acceso a acceso a métodos de larga duración como el DIU y la ligadura tubaria”.