La madre de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un control policial en la ciudad de Córdoba en agosto de 2020, manifestó que su hijo “tuvo la mala suerte de toparse con todos los malos juntos” y afirmó que en las audiencias del juicio que se le sigue a 13 efectivos existen «pruebas» de que para los imputados «la vida no tiene valor».
Tras la reanudación del juicio por jurados que se sigue en los tribunales de Córdoba, Soledad Laciar (44), madre de Blas, dijo a Télam que a medida que transcurren las audiencias del juicio “van apareciendo pruebas de que para algunos policías y algunos políticos la vida no tiene valor, o tiene valor condicionado a lo socioeconómico, a lo partidario o a lo ideológico”.
La mujer aludió, de esta manera, al testimonio del exsubdirector general de Seguridad Zona Sur de la ciudad de Córdoba, comisario retirado Gonzalo Cumplido, quien había afirmado que el entonces ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, le había impedido visitar a la familia de Blas para transmitirle sus condolencias.
“Vos no vas a ningún lado. Esa familia está haciendo política» con un dirigente del radicalismo, dijo que le manifestó Mosquera cuando trató de acercarse a los padres de la víctima.
“Soy apolítica. La política está podrida. Es una mentira que soy militante del radicalismo (como le dijo Mosquera a Cumplido), pero si hubo gente de ese partido que se acercó para ayudar a visibilizar el caso”, aclaró Laciar.
No obstante calificó como “aberrante y muy grave” que un funcionario público “decida proteger a las personas y preservar sus vidas en función de preferencias políticas o estratificación social. Si es así, gran parte de la población está en riesgo”.
“Ese pensamiento y esa conducta institucionalizada se llevó la vida de mi hijo. Un chico con grandes proyectos de vida. A Blas no lo tengo más, pero si tengo la fuerza para llevar adelante la lucha para que todo esto cambie”, remarcó la mujer, al resaltar que “se hace urgente recuperar el acercamiento y la confianza de la policía y de la política a la sociedad”.
Al respecto dijo que “el cambio seguramente no va a ser de un día para otro, pero vale la pena intentarlo porque se trata de salvar vidas y no de quitarlas”.
Testimonios de Bustamante
El abogado querellante Alejandro Pérez Moreno, que representa a la familia de Blas, manifestó a Télam que es “muy importante” el testimonio de Bustamente porque fue el director de los comisionados que “tuvo a cargo del desmenuzado del volumen de las pruebas”, como el de las cámaras, radiollamadas de frecuencia policial y las comunicaciones telefónicas.
La audiencia concluyó a las 16 y pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 14, para continuar con la declaración de Bustamante y de otros testigos ante los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular.
El día del homicidio
El hecho ocurrido la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando los adolescentes circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, y evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.
Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades.
Ambos afrontan cargos como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otras cosas, haber «plantado» un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.