El cuestionamiento de la Corte Suprema a la asunción del senador Martín Doñate introdujo un nuevo factor de conflicto en el Consejo de la Magistratura, que de por sí no venía cumpliendo satisfactoriamente con su función de seleccionar magistrados, prácticamente desde diciembre del año pasado cuando también el máximo tribunal definió que su composición era inconstitucional. La decisión de la Corte, que benefició el reclamo del senador de la oposición Luis Juez en contra de lo resuelto en primera y segunda instancia, llegó a días de que venzan los mandatos de los consejeros, con lo cual el carácter «político» del fallo es el principal análisis en el Consejo. Efectivamente, el próximo viernes caducan los mandatos de todos los consejeros, salvo el del presidente de la Corte Horacio Rosatti -titular a su vez del Consejo por su propia decisión en diciembre pasado- y el del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. Jueces y abogados ya eligieron sus representantes y resta que diputados y senadores envíen los diplomas de sus ocho consejeros que, por la intervención de la Corte, se anticipa una proceso conflictivo e inexorablemente judicializable. El bloque del Frente de Todos ya anticipó que insistirá con Doñate y, en la misma línea, Juez prometió que irá la Justicia si la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, no lo designa. Es decir, el Consejo no funcionará con su integración plena hasta que se cierre el conflicto de representación entre el oficialismo y la oposición. Desde la política parece difícil que se resuelva cuando los principales bloques en el Consejo, y sus referentes partidarios, no pueden lograr acuerdos en temas como los reemplazos de los camaristas de traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi o los candidatos a jueces en los tres juzgados vacantes en Comodoro Py. Todo indica entonces que el caso Doñate-Juez volverá a recorrer el circuito del fuero Contencioso Administrativo y regresará a la Corte para que vuelva a sostener su autoridad para fijar el modo en que se entienden los bloques parlamentarios y sus atribuciones. (S)La vacancia de magistrados, sin soluciónS()En tanto, el Consejo seguirá sin poder achicar ni un poco la vacancia de magistrados en la Justicia, que escala en algunos sectores del sistema hasta el cincuenta por ciento. Entre los consejeros, el problema está presente y se asume en la medida que la realidad les devuelve que el prestigio y consideración social de la Justicia está en un mínimo histórico. «Hay dos consejos, uno del poroteo y la rosca y otro de la gestión», matizan en el Consejo y señalan los logros en materia de actualización tecnológica, adecuación edilicia, capacitaciones, mejoras institucionales y demás. Si bien es cierto que el Consejo administra el Poder Judicial, no menos cierto es que la principal misión de la institución es democratizar y proveer la selección de jueces y allí hace mucho que tienen poco y nada para mostrar. El Consejo viene reproduciendo la crisis de consensos de la política nacional y no parece tener recursos para salir de la parálisis, aunque haya algunas apuestas a que los representantes de los jueces y los académicos, formen un núcleo que pueda superar la disputa política. Parece difícil que la relativa independencia de estos dos estamentos pueda conseguir los catorce votos que se necesitan en el plenario para elevar una terna de magistrados el Ejecutivo, pero el intento estará presente en un año que se anticipa particularmente complejo con una carrera ya lanzada a la elección presidencial.
