Desde enero al 2 de noviembre de 2022 hubo 1.388 denuncias por hechos de violencia policial. Sin embargo, en ese tiempo solo hubo 116 imputaciones, se dictaron 16 sentencias y 10 fueron de condenas, según datos aportados por la Fiscalía de Derechos Humanos, cuyo titular es Gabriel González.
Del total de casi 1.400 denuncias, 1.110 corresponden al distrito Judicial Centro, que comprende a la ciudad de Salta y localidades vecinas. Además, otras 154 denuncias se registraron en Tartagal, 101 en Orán y 23 en la sede de Metán. Hubo solo 198 averiguaciones preliminares. Mientras que las comunicaciones con el Juzgado de Garantías y otras situaciones, conllevaron 388 actuaciones.
Según lo indicado, 476 denuncias fueron radicadas en otras fiscalías y remitidas a la de Derechos Humanos. Los legajos en trámite que incluyen al personal policial y penitenciario son 23. En tanto, las sentencias fueron 16, de las cuales 6 fueron de prisión efectiva y 6 fueron absoluciones.
Consultada por Salta/12, la delegada en la provincia de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, María Martínez Morales Miy, señaló como correcto que los datos se expresen en números y no en porcentajes. Consideró, sin embargo, que «habría que comparar con otros años», para chequear si subieron las denuncias o no. Además, advirtió que en la estadística no hay perspectiva de género, no hay discriminación alguna que permita saber cuántos de estos trámites involucran a mujeres o personas del colectivo LGBTIQ+. «De (1338) denuncias, 116 imputados parece muy poco», analizó además.
La referenta de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, Elena Rivero, dijo que los datos aportados por la Fiscalía, «son preocupantes y muestran que los 1.338 casos reseñados, marcan una tendencia que va en aumento respecto a los años anteriores«.
«La violencia policial es un tema que preocupa, que merece que las organizaciones de derechos humanos hagamos declaraciones, exijamos la intervención del Estado. Pero quiero reseñar que la violencia institucional no se agota en la violencia policial, evidentemente tiene más prensa (…) son tomados (los casos) por los medios hegemónicos, para crear un clima que favorece los intereses de algunas personas», sostuvo Rivero.
Señaló que también hay violencia institucional cuando lxs funcionarixs del Estado realizan una omisión o restricción de los derechos de lxs ciudadanxs. «Saber cuáles son nuestros derechos es una avance para que ningún poder pueda hacer caso omiso de ellos o peor aún, pisotearlos», manifestó.
Por otra parte, Jorge Farfán, integrante de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, dijo a Salta/12 no se puede «hablar de violencia institucional cuando las instituciones están creadas por el gobierno y se rigen por las normas que ellos mismos crean».
«Violencia institucional es el maltrato en los hospitales, no cuando las fuerzas del Estado torturan y asesinan pibes en las calles. Las maestras pertenecen a las instituciones educativas. Si una maestra tortura a un niño hasta matarlo sería condenada a perpetua porque el gobierno crea esa institución para la educación, no para torturar ni asesinar. En caso de la policía, es un institución creada y manejada por el gobierno, si esto le sucede a más de 8.000 pibes ¿por qué el gobierno sigue culpando a la institución si ellos mismos le cargan las armas?», consideró Farfán.
«El gobierno en vez de concientizar y condenar a los policías que asesinaron a nuestros hijos les da impunidad, están todos libres», acusó.
Blanca «Nenina» Lescano, integrante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, organización que integra la Mesa de Derechos Humanos de Salta, igual que la Asociación Coca Gallardo, dijo a Salta/12 que «el Ministerio público tendría que hacer mea culpa» por las veces que ha podido llevar a los policías a juicio y han evitado que sean condenados. También señaló la responsabilidad de los jueces y juezas a la hora de dictar sentencias. «No hace mucho se llevó a 20 policías a juicio por la represión que hubo en (el asentamiento de ampliación) Parque La Vega. Actuó como fiscal interino Gustavo Vilar Rey, que lamentablemente tiene una trayectoria de argumentar a favor de los policías y salieron absueltos«.
Vilar Rey fue sumariado cuando el actual ministro de Seguridad Abel Cornejo ocupaba el cargo de procurador General de la provincia, en 2020, debido a los reclamos de organizaciones de derechos humanos que lo acusaban de cajonear las causas contra policías, en momentos en que con facultades extraordinarias en plena pandemia, los efectivos violentaban a vecinxs de toda la provincia. Se desconoce cómo se resolvió el sumario, esa información fue requerida durante el juicio de este año, en el que ejerció como fiscal interino de derechos humanos, pero el Ministerio Público Fiscal no contestó.
Lescano recordó que las organizaciones de derechos humanos hicieron una denuncia ante Vilar Rey en 2015, por agresiones a militantes de derechos humanos en el hotel Presidente cuando se presentó el libro negacionista «Mentirás tus Muertos». «Presentamos toda clase de pruebas, videos, testimonios, le rompieron los huesos de la nariz y la cara (a un militante) salieron (los acusados) absueltos. Vilar Rey defendía a los policías«, aseguró.
La referenta consideró que la violencia policial «es un problema institucional y político«. «El policía es el último eslabón», indicó, para referirse a las responsabilidades estatales. También tuvo en cuenta que muchas veces las víctimas y los policías acusados, «comparten el mismo contexto social y barrial»; «por lo general se ponen un uniforme y un arma y no tienen problema de matar».
Para Lescano, la problemática de la violencia policial tiene que ver con la formación que se les da a los efectivos «desde una política del Estado». Señaló también que de nada sirven las capacitaciones en derechos humanos si no se ponen en práctica.
Asimismo, se refirió a los discursos de ultraderecha que circulan en la actualidad, que van en contra de los derechos humanos. «Lamentablemente en Argentina, considerábamos que había cosas que estaban superadas por todo lo que avanzamos como sociedad pero te encontrás gente que dice que todo fue mentira, patrañas (en cuanto a lxs desaparecidxs y los crímenes de la dictadura) como en el atentado a la vicepresidenta», manifestó.
«Considero que hay cosas que exigir al Estado de derecho», señaló, marcando las diferencias con el terrorismo de Estado, en el que no se puede reclamar. Se refirió a las «ex hijas» de represores, quienes señalan que hay muchas «estructuras de la fuerza (militar) que siguen sobreviviendo» en la democracia.
Lescano mencionó la importancia de unificar las luchas en lo que atañe a organizaciones de la sociedad civil y familiares.
«Acá hay que buscar responsables, que son los funcionarios», sostuvo. También marcó que se sigue persiguiendo a la gente por portación de cara, «la presunción de que va a cometer un delito un chico humilde, y cuando en otro contexto ven el delito miran para otro lado». Refirió que en los sectores barriales más precarizados, los chicos y jóvenes, sobre todo con problemas de adicciones «no tienen contención» y son a quienes persigue la policía.