Movimientos sociales cuestionaron este viernes el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que se propone “avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino”. La normativa fija un techo para que no haya más altas en los programas Potenciar Trabajo, Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
En este sentido, apunta a que el dinero de los planes que se den de baja sirva para comprar maquinaria y herramientas y otorgar en favor de las cooperativas de trabajo el 30 por ciento de la obra pública nacional.
Además, propone crear el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario que tendrá como objetivo promover una “agenda para la institucionalización y el desarrollo de la economía popular”.
Consultado por AM750, el diputado y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, cuestionó la medida y aseguró que “es un discurso para la derecha antiplanera”.
“El decreto tendría que decir y asegurar de qué manera los que cobran planes sociales van al encuentro del trabajo. Yo no cambio herramientas por compañeros que no tienen programas sociales y la están pasando mal”, añadió en declaraciones a La García.
Además, Alderete cuestionó al Presidente y recordó una de sus promesas de campaña: “¿Qué pasó con eso de que los últimos serán los primeros? Hablan de bonos, pero para los que menos tienen, no hay respuesta”.
Este mismo jueves, movimientos sociales adelantaron que no descartan realizar manifestaciones la semana que viene para expresar este descontento. De todos modos, Alderete matizó su crítica y aseguró que está de acuerdo en avanzar con programas que inserten a los ciudadanos en el trabajo tanto formal como informal.
“En algún momento nuestro país va a recuperar la economía y va a precisar mano de obra calificada. A partir de allí están las cooperativas sociales que han hecho pequeñas y medias obras públicas y una cantidad enorme de viviendas”, comentó.
Pero, en este sentido, realizó una crítica puntual del proyecto, que insta a que se destine a la economía popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta 300 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación que corresponda.
“Tendría que ser contundente, que los intendentes están obligados y gobernadores de menor de 100 millones de pesos pueden dar a las cooperativas sociales”, propuso Alderete.