Uno de los abogados que representa a la familia de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado a balazos en un control de tránsito el 6 de agosto del 2020 y por el cual están siendo juzgados 13 efectivos, aseguró que los jefes de la Policía de Córdoba “estaban al tanto y fueron partes activas en las maniobras de encubrimiento para tratar de desviar la investigación” del caso.
Se trata del abogado Alejandro Pérez Moreno, quien afirmó a Télam que con los testimonios que están ofreciendo los policías en el marco del juicio, se está “determinando con certeza cómo fue la secuencia en la que los efectivos de alto rango (de la policía local) intentaron encubrir el hecho, no solo plantando un arma de fuego, sino también de alterar todo el escenario” del asesinato.
En la 15a.audiencia del debate oral y público, que se realizó este martes, los miembros del tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y del jurado popular receptaron los testimonios del oficial José Tolosa (37) y del suboficial Juan Pablo Papurello (33), quienes cumplieron distintas funciones durante el operativo de control, persecución y comunicaciones por frecuencias de radio policial cuando ocurrió la balacera policial que terminó con la muerte de Blas.
En cada jornada del debate se observa que “los policías conocían acabadamente lo que habían hecho”, y que la maniobra para encubrir “compromete a gran parte de los eslabones de la cadena de mando”, por lo tanto “deben ser investigados por sus responsabilidades, sea por acción, por omisión o por colaboración”, dijo el letrado, al adelantar que eso es lo que va a solicitar al final del juicio.
Pérez Moreno resaltó también que la estrategia del encubrimiento se malogró porque hubo un “rápido accionar de las familias de los chicos y de la Fiscalía en la investigación”.
Luego de las declaraciones de los policías, el debate pasó a cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9, para escuchar los testimonios del entonces subdirector de Seguridad de la capital provincial, Gonzalo Cumplido, y de quien fuera ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
Soledad Laciar, la mamá de Blas, cuando prestó testimonio el 20 de setiembre había manifestado que cuando Cumplido estaba en su función le comentó que Mosquera le había prohibido que tomara contacto con ella y su familia para transmitirle las condolencias.
La mujer también había afirmado que cuando Mosquera estaba en sus funciones el gobernador Juan Schiaretti no le había permitido reunirse con ella.
“Mosquera me envió un mensaje de condolencias por Whatsapp recién el 11 de agosto”, contó la madre de Blas y dijo que le pidió que le gestionara una reunión con el gobernador Schiaretti “solo para verlo a los ojos”, pero no accedió al pedido.
En la madrugada del 6 de agosto del 2020 Blas Correas se trasladaba en un Fiat Argo junto a cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.
Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.
Por el homicidio se encuentran acusados el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.
Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de «falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público», ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber «plantado» un arma con numeración «limada» para simular un enfrentamiento con los chicos.