En un encuentro que fue pionero a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán fue la anfitriona de la primera reunión del Programa “Mujeres Rurales, de Pueblos Indígenas y Judiciales por una Justicia Climática en el Mundo Pospandemia”, que se llevó adelante este viernes, en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales.La Corte Suprema de Justicia de Tucumán realizó la primera reunión del Programa “Mujeres Rurales, de Pueblos Indígenas y Judiciales por una Justicia Climática en el Mundo Pospandemia”, un encuentro que congregó a más de 60 referentes de comunidades rurales e indigenas y a juezas, fiscalas y funcionarias del Poder Judicial.
El encuentro fue encabezado por los vocales del alto tribunal, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, para avanzar en este Programa único a nivel nacional, que se propone, entre otros desafíos, la creación de una red integrada por dos sectores interpelados ante los desafíos que trae el deterioro del equilibrio habitual de la naturaleza: las mujeres gestoras y la Justicia.
Esta jornada de trabajo representa la primera iniciativa de nuestro país que reúne a mujeres representantes de las gestoras de distintos sistemas agroalimentarios y del Poder Judicial.
Este vínculo se considera clave, en relación con los litigios que provoca el deterioro de las condiciones ambientales, la perpetuación de sesgos de género y las desigualdades estructurales que dificultan el acceso a la Justicia y una aplicación eficaz de la ley.
En este sentido, las mujeres reunidas compartieron experiencias con enfoque de género frente a las distintas problemáticas que se presentan en su trabajo con el medioambiente, tales como la falta de agua potable, las dificultades en las condiciones de producción de alimentos, el aumento de los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor, entre otras.
La apertura de la jornada de trabajo estuvo a cargo de la jueza Claudia Sbdar; de la Directora de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) -Lorena Chara-; del Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -Mariano Garmendia-; y de Marlise Ilhesca -Directora Ejecutiva de la Fundación Foro del Sur-.
En el inicio de su exposición, Sbdar hizo un repaso sobre el trabajo que la Corte viene realizando con la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, puntualizando que esta tarea permitió al Poder Judicial trabajar con las mujeres que llevan adelante actividades de producción y que, en consecuencia, han desarrollado una mayor vinculación y sensibilidad respecto del medio ambiente y la importancia de su preservación.
“Mirando un poco hacia atrás pienso que no es casualidad que esta actividad arranque en el país en nuestro Poder Judicial. Nuestra Oficina de la Mujer, creada en el año 2012, viene realizando una actividad importante y fructífera con la Comunidad de Amaicha del Valle. Esta actividad se inició en 2018, con el proyecto del Corredor Norandino Legal y Sanitario, que dio lugar a la creación de un centro de acceso a Justicia que desarrolla su labor en diversas comunidades del Valle Calchaquí (…). Esta continuidad y sistematicidad de las actividades permitió lograr una auténtica interacción con la comunidad y sus referentes”. A continuación, la Dra. Sbdar expuso acerca de la situación actual de las mujeres, señalando que “son ellas quienes padecen los efectos cada vez más degradantes del cambio climático y sus repercusiones en sus labores cotidianas de cultivo o cría de ganado, en cómo elaboran alimentos de subsistencia y en cómo procuran recursos para sus familias”, manifestó la vocal de la Corte.
Siguiendo con su exposición para resaltar que «diversos informes afirman que las mujeres que representan alrededor del 50% de la fuerza de producción de alimentos en el mundo y ocupan un rol predominante en la producción de alimentos a pequeña escala, la preservación de la biodiversidad y la recuperación de las prácticas agroecológicas (…). Es indiscutible que las mujeres rurales han sido, son y serán agentes clave en los cambios sociales, económicos y ambientales que demanda el desarrollo sostenible. Sin embargo, no podemos apartar la vista a los muchos y variados desafíos a los que se enfrentan, como el acceso limitado a la toma de decisiones, a la propiedad, al crédito, entre tantos otros. Se advierte clara la necesidad de desandar el camino de esa doble desigualdad estructural que sufren por su género y por su medio rural”.
Precisamente, en relación a esto último, la magistrada Sbdar expuso acerca del rol fundamental que le toca al Poder Judicial en materia de género y en materia ambiental. “Nos cabe a todos los jueces y juezas la delicada tarea de analizar y fallar los casos con perspectiva de género, como también la de asumir la función de contribuir desde nuestro lugar a la realización del principio de Prevención que estructura al Derecho Ambiental (…). En esa línea, la Corte Suprema nacional ha señalado que las soluciones judiciales no solo deben resolver el pasado sino que, primordialmente, deben procurar una respuesta dirigida a la sustentabilidad futura (…). Imaginemos entonces cuánto más sutil y meticulosa será nuestra intervención cuando en un caso concreto se entrelazan estas dos cuestiones tanto elementales como relegadas: género y ambiente. La tutela judicial de estos asuntos debe ser un factor transversal en la lucha por la igualdad, en uno; por la preservación, en el otro; y por la sana armonía, entre ambos”, expresó en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales.
Finalmente, la doctora Sbdar se refirió a la importancia de la Ley Yolanda en materia de formación integral en ambiente, al expresar que “con miras a la construcción de un paradigma de desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y cultural; resulta impostergable trabajar en la erradicación de toda forma de discriminación y en reducir la brecha de desigualdades que atentan contra la autonomía de las mujeres en el contexto rural y de la problemática medio ambiental».
«Es compromiso constitucional de todos y todas el desarrollo sostenible y sustentable. Debe ser compromiso de todos y todas combatir la discriminación y empoderar a las mujeres indígenas y rurales, pilares de la lucha ambiental, para así –en forma conjunta– contribuir en aquella ingente labor de ‘sostener’ y ‘sustentar’ nuestro presente y nuestro futuro”, concluyó.
Sobre el programa
El programa Mujeres Rurales, de Pueblos Indígenas y Judiciales por una Justicia Climática en el Mundo Pospandemia prevé la creación de una red integrada por mujeres indígenas, rurales, juezas, fiscalas y funcionarias del Poder Judicial, unidas frente a los desafíos que trae el cambio climático para las mujeres en territorio y para la interpretación de los marcos legales a partir de una perspectiva de género transversal a la problemática.
Asimismo, el contenido de los encuentros y el trabajo sobre los ejes temáticos será la base para el diseño de una Diplomatura Universitaria que potenciará la capacidad de las mujeres indígenas y rurales, otorgándoles un título que fortalezca sus conocimientos y aporte nuevas herramientas a sus saberes, con el fin de desarrollar con mayor eficiencia el rol de facilitadoras y lideresas en sus comunidades.
Finalmente, el intercambio de experiencias, la recolección de normativa y jurisprudencia y los conocimientos técnicos relevados quedarán a disposición de la ciudadanía, lo que será la base para la pionera creación de la Biblioteca Virtual de Género y Justicia Climática./justucuman.gov.ar