El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, citó a 14 directivos y ex directivos de la agroexportadora Vicentin y a la propia firma, como persona jurídica, a prestar declaración indagatoria por presuntas maniobras fraudulentas. Entre el 1° de noviembre y el 20 de diciembre, los imputados deberán responder concretamente por el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Se los acusa de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La investigación de la causa se encuentra a cargo del titular de la Fiscalía Federal de Reconquista, Roberto Salum, quien les imputó la presentación de facturas apócrifas entre 2016 y 2018, que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA, con el siguiente detalle: 84.672.402,38 pesos, en 2016; 44.466.746,54 pesos ,en 2017; y 11.464.326,29 pesos, en 2018. La fiscalía cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -a cargo de Diego Velasco y María Laura Roteta- que participó en el análisis técnico y la confección del dictamen. La causa se originó a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que detectó 54 proveedores apócrifos entre los emisores de los comprobantes presentados por Vicentin, señala el sitio de Fiscales.gob.ar. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, en la investigación se han comprobado irregularidades tales como la inexistencia de Clave Única de Identificación Tributaria en los emisores de las facturas y de personas incluidas en la base de facturas apócrifas de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) incluso antes de la fecha en la que contrataron falsamente con la empresa. Al mismo tiempo, se detectaron casos en los que los supuestos proveedores no denotaban actividad real; no tenían capacidad económica ni financiera; no justificaban el origen de los granos; no se lograba su localización o bien en los domicilios de acopio no se verificaba actividad alguna; o tenían nulo o escaso personal declarado o sin relación con la actividad. En el dictamen, el fiscal hizo mención a otra causa que tramita en el fuero provincial, en la ciudad de Rosario, en la que el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario Miguel Moreno imputó a la totalidad del directorio por estafas y balances falsos, incluyendo a la sindicatura societaria. “Está claro que lo que necesitó la empresa para perfeccionar la maniobra que comenzó al momento mismo de la operación comercial lo aportó en una gran cantidad de casos un contador público vinculado a Vicentin SAIC y gran parte de su grupo económico, ello se advierte en los informes que la denunciada adjuntó cada vez que pretendía los reintegros impugnados”, aseguró el fiscal Salum en el dictamen por el cual solicitó el llamado a indagatoria de las 14 personas imputadas. En ese contexto, sostuvo que “la empresa basó las solicitudes de reintegro en facturas apócrifas y luego, mediante el dictamen del supuesto ‘contador independiente’, perfeccionó la maniobra para obtener entonces una disposición de dinero por parte del Estado en su favor”. Además de esta indagatoria de los mismos 14 miembros del directorio que fueron imputados por la Justicia provincial en Rosario, sigue abierta una tercera investigación penal en los Tribunales de Comodoro PY, que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. En ese caso la causa está orientada a dilucidar las responsabilidades penales en torno a los cuantiosos y numerosos créditos que el Banco Nación le otorgó a Vicentin en las últimas semanas y días previos a la cesación de pagos ocurrida el 5 de diciembre de 2019, todos concedidos por el directorio que encabezaba Javier González Fraga durante el gobierno de Mauricio Macri. De las tres causas, esa es la que menos avance tuvo.
