Organizaciones de mujeres celebraron una nueva victoria en la lucha por el acceso a los derechos reproductivos y salud sexual en El Salvador, país que no tolera ningún tipo de interrupción del embarazo y que castiga con penas de hasta 30 años de prisión cualquier sospecha de aborto. Esta vez, un juzgado declaró el “sobreseimiento definitivo” para Katia (nombre ficticio), una joven de 25 años acusada de homicidio agravado por la muerte de su bebé luego de tener un parto extrahospitalario.
“Hemos logrado que otra mujer recupere su libertad”, compartieron desde la agrupación Aborto por la Vida, una organización que se encarga de ayudar en el acceso a la Justicia a mujeres que fueron criminalizadas injustamente por casos de emergencias obstétricas.
“Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los afanes criminalizadores, que sin fundamentos ni pruebas que demuestren la comisión de un delito, persiguen, acusan y buscan condenar a mujeres que han sufrido emergencias obstétricas”, sostuvo Morena Herrera, presidente de la organización.
El caso
Katia tenía 22 años cuando tuvo un parto extrahospitalario. Estaba en su casa, con su pequeña hija de 2, cuando fue al baño y tuvo a la bebé. Enseguida, con ayuda de familiares, fueron hasta un centro hospitalario en busca de atención médica, donde la recién nacida falleció más tarde. Personal del hospital denunció a Katia ante las autoridades policiales. Katia fue detenida preventivamente.
El hecho ocurrió en 2019 y la Fiscalía acusó a la joven de homicidio agravado y pidió una pena de 30 años de prisión. Este jueves, un juzgado de la ciudad de Ahuachapán, localidad a 100 km de San Salvador, «declaró sobreseimiento definitivo de la acción penal en contra de Katia».
Desde la Agrupación Ciudadana Para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE) agregaron que ya en la audiencia preliminar del 28 de octubre de 2020, el Tribunal le otorgó un «sobreseimiento provisional, debido a que la FGR (Fiscalía General de la República) no presentó ninguna prueba» en su contra.
La Fiscalía, sin embargo, apeló esa decisión judicial a principios de 2022 ante un tribunal superior de Ahuachapán, que el 13 de septiembre «confirmó la no reapertura a juicio».
Restricción total al aborto
Herrera recordó que la legislación salvadoreña «es en extremo estigmatizante y crea prejuicios en contra de mujeres que sufren emergencias obstétricas».
Desde 1998, el código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluso cuando está en riesgo la vida de la madre, y establece penas de hasta 8 años.
Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como «homicidio agravado», delito penado hasta con 50 años de prisión.