“Nos vinimos para esta zona porque aquí hubo un acuerdo. Y queremos que se cumpla”. Las palabras del presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, hacen referencia a lo ocurrido hace ya casi dos años en el cruce de la localidad de Pichanal, cuando un grupo de integrantes de pueblos indígenas que marchaban a Salta capital se reunió en ese punto con el gobernador Gustavo Sáenz.
Ahí mismo, en el cruce de Pichanal, ayer se hizo un corte parcial de la ruta. Si el gobernador o alguno de sus funcionarios no aparecen hoy en la zona, el corte desde la mañana «será total», dijo Mendoza.
El 19 de diciembre de 2020 el gobernador Sáenz viajó hasta ese lugar donde ahora se establecieron nuevamente los manifestantes, con la intención de frenar la llamada Marcha Histórica de las comunidades originarias del norte provincial hasta la capital salteña. Hubo una reunión y se difundió esta imagen.
En aquel momento no logró con su cometido. Los y las caminantes llegaron a la capital provincial. Y luego, en diversas reuniones, asambleas y compromisos entre funcionarios y referentes originarios, se consiguió que que regresaran a sus lugares de residencia.
Ahora Mendoza afirmó que no hubo respuestas a esos compromisos referidos a temas que atañen a la salud intercultural, la educación, el acceso al agua, viviendas, y obras de infraestructura que les garanticen acceso a derechos mínimos.
La dificultad de denunciar violencias
Entre otros puntos del petitorio, Mendoza detalló que solicitan que las comisarías cuenten con facilitadores interculturales y explicó que este pedido se debe a que en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia (uno de los lugares que tiene mayoría de población originaria), hay muchos casos de violencia de género y las mujeres o ancianos no pueden acceder a realizar las denuncias formales.
Muchas mujeres, y también muchos ancianos, no hablan castellano, o lo hablan de manera muy precaria, y les resulta inaccesible dar el primer paso para exigir justicia.
Mendoza sostuvo que esta solicitud fue elevada hace tres meses al ministro de Seguridad de la provincia, Abel Cornejo, pero aún no tiene respuestas.
También solicitan la construcción de una comisaría en Santa Victoria Este, dado que el actual edificio “es prestado y dos presos se escaparon recientemente”. Se volvió sobre el histórico reclamo de al menos un puesto policial en La Puntana, paraje que se encuentra a unos 45 kilómetros del pueblo cabecera departamental, y que está en la frontera con Bolivia. Allí viven unas 3500 personas y “cuando hay violencia de género, crímenes o violaciones, la Policía no puede llegar a tiempo”. La consecuencia es que quienes cometieron “delitos bravos se escapan a Bolivia», aseguró Mendoza.
Derecho a la vivienda
Por otro lado el referente afirmó que de las promesas que se hicieron y los expedientes que se firmaron con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en aquel noviembre de 2020, suman unas mil viviendas cuya construacción debía al menos haberse iniciado. Pero sostuvo que no hay novedad alguna.
“Es muy mínimo lo que se cumplió”, añadió al sostener que de 7 pozos de agua comprometidos, “se hicieron cuatro, y no tienen la profundidad requerida”, para obtener agua potable. Sumó el inconveniente que se vive tras la suspensión de la entrega de agua desde el Puesto El Rosado, ubicado camino a Santa Victoria Este, y en donde el Ejército Argentino montó una planta potabilizadora para repartir agua a distintos parajes. Esto sucede desde septiembre pasado por la falta de cumplimiento de compromisos de la provincia, según indicaron quienes están al frente del puesto. Una de las recientes complicaciones ya fue denunciada en la comunidad de Vertiente Chica, que está sin agua hace días y no tiene posibilidad de acceder al recurso del río, dado que el cauce está alejado.
Mendoza también añadió a los reclamos la falta de nombramiento de facilitadores sanitarios para que se desempeñen en el Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria Este. Y recordó que} la Ley de Salud Intercultural sigue sin ser instrumentada.
Todos los reclamos se hicieron en el marco del Día de la Diversidad Cultural en una asamblea que ayer mantuvieron las comunidades que integran la UACOP (cuyo territorio está en el departamento Rivadavia), más grupos poblacionales de los departamentos San Martín y Orán, con los que ayer se habían reunido unas 350 personas.
Encuentro nacional en la UNSa
Por su parte, el referente de la comunidad Kolla de Los Andes, Miguel Siarez, informó que hoy a partir de las 9 se prevé realizar un Encuentro de Comunidades Indígenas en Argentina en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Será en el Anfiteatro “K”, hasta las 18.
El referente afirmó que entre las principales preocupaciones de la zona andina se encuentra la oposición de la sanción de la Ley de Humedales, que se debate a nivel nacional. Como comunidades originarias “lógicamente estamos de acuerdo (con la iniciativa). Se nos está acabando el agua y con el litio el problema es la sequía en la Puna”, sostuvo el referente.
Como ejemplo de las consecuencias, mencionó la muerte de animales. Añadió que a las vicuñas “antes no se las veía”, pues era “una novedad” encontrarlas cerca de los caseríos o al costado de los caminos. Pero de un tiempo a esta parte “están en la puerta de la casa directamente”.
Otro tema que elevan como reclamo es la restitución de los Niños de Llullaillaco, para que las llamadas “momias” que se exponen en el Museo de Antropología de Alta Montaña (MAAM) “vuelvan al lugar de donde los sacaron”.
Para mañana miércoles 12 de octubre, en tanto, se prevé a las 9 un acto frente a la Legislatura provincial y una marcha ancestral indígena hasta la plaza 9 de Julio.