Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, que investiga la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural del estado mexicano de Guerrero ocurrida hace ocho años, presentó este martes su renuncia por diferencias en los procedimientos. La información fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en su gobierno se respetan todos los puntos de vista. La renuncia ocurre luego de la emisión de acusaciones y órdenes de detenciones incompletas de militares vinculados al caso, y la cancelación de otras órdenes de detención contra presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes. «No estuvo de acuerdo con los procedimientos» «Él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista», dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina. «El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación», sostuvo el presidente mexicano. Aunque López Obrador no ahondó en el tema, dijo que se nombrará pronto al sustituto del ahora exfiscal y le envió un mensaje a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. «Decirle a los jóvenes de Ayotzinapa, a las mamás, a los papás, que tengan confianza, que vamos a continuar con la investigación. Ojalá me crean. Estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero tenemos la firme voluntad de hacer justicia», sentenció el mandatario. El presidente de México también dijo que se dio un paso importante con los recientes hallazgos del caso, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El sábado pasado se filtraron fragmentos ocultos del informe de la Comisión de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. López Obrador lo tachó de un acto de mala fe para evitar que se usara en tribunales mexicanos. «No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no va a tener validez legal», comentó.
