A tres semanas del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de seguidores de grupos de ultraderecha, el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert pidió «bala» para los trabajadores del gremio del neumático que realizaban una medida de fuerza en el edificio del Ministerio de Trabajo. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente a Espert por «incitación a la violencia».
El tuit de Espert fue publicado ayer, cuando los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) realizaron una toma en el edificio del Ministerio de Trabajo en medio de las negociaciones por actualización salarial. El diputado de Avanza la Libertad tuiteó: «Código Penal Art 181, delito de usurpación. Cárcel (6 meses a 3 años) o bala».
«Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos», denunció Pietragalla y pidió una especial reflexión frente «al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación». En la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos se destacó el «peligroso y antidemocrático» mensaje del diputado en «el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia».
La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también salió a expresar «todo el repudio» por las palabras del ultraderechista y señaló: «Espert pide bala para los trabajadores. Después, se desentiende de las consecuencias, porque su valentía es solo esa: correr siempre en auxilio de los poderosos».
En tanto, Pietragalla le recordó a Espert que «las instituciones no funcionan como él quiere» y le subrayó que con su mensaje el legislador demuestra que «la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial».
La denuncia contra Espert recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que «se investigue el hecho como incitación a la violencia», delito que está tipificado en el artículo 209 del Código Penal. El secretario de Derechos Humanos resaltó que los dichos fueron realizados fuera del ámbito del Congreso Nacional por lo que «no están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional».