La organización Amnistía Internacional Argentina comprometió su “acompañamiento y monitoreo” del juicio que comenzará este miércoles en la ciudad de Córdoba a 13 policías por el homicidio de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado a balazos durante un control vehicular en la madrugada del 6 de agosto de 2020 en la capital provincial.
«Vamos a estar acompañando y monitoreando para que el juicio se de en un contexto de imparcialidad y para garantizar justicia. Condena para que no haya más impunidad”, destacó este martes en una conferencia de prensa la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.
La conferencia se realizó en un hotel de la zona céntrica de Córdoba, donde García Rey afirmó que el asesinato de Blas Correas marcó un punto de inflexión, al sostener que “la sociedad no va a admitir que sea otro caso de violencia institucional que quede impune”.
“El ejercicio de institucionalizar la violencia policial en Córdoba es un tema que urgente nos propone hacer una reflexión y una reconstrucción de la confianza de la sociedad con las fuerzas de seguridad y con la justicia”, añadió.
En ese contexto, la directora de Amnistía pidió a la justicia cordobesa estar a la altura de las circunstancias: “Tiene que tener la capacidad de investigarse a si mismo y romper la trama de poder que subyace a estos casos de violencia institucional”.
Al respecto mencionó como ejemplo y como crítica que desde un sector del Gobierno provincial impidieron al organismo internacional colocar carteles con leyendas para “visibilizar, reflexionar y pedir justicia por Blas Correas».
La funcionaria estuvo acompañada por Soledad Laciar, mamá de Valentín, quien manifestó que lo que pasó con su hijo “dejó al descubierto la manera de obrar de la policía de Córdoba”, como así también la “falta de compromiso del Gobierno provincial”, al afirmar que “hay responsabilidades políticas que no están en este juicio”.
“El asesinato de Blas fue obsceno, el plantar un arma fue obsceno, el encubrimiento fue obsceno, el silencio y la actitud del Gobierno (provincial) fue obsceno. Es momento que la justicia diga basta”, aseveró la mamá de la víctima.
Juan, hermano del adolescente asesinado, también cuestionó el accionar policial y pidió por «un estado de democracia en donde estas situaciones de violencia institucional no deberían estar pasando”.
Por su parte, el abogado que representará a la familia en el juicio, Alejandro Pérez Moreno, afirmó que durante el proceso de enjuiciamiento se va a lograr “acreditar con certeza la participación de cada uno de los 13 acusados”.
También adelantó que en el debate oral y público se van a “ventilar nuevas pruebas sobre acciones u omisiones” que se cometieron y que no fueron incorporados en este juicio, por lo tanto anunció que se va a pedir otra investigación para que se determinen responsabilidades políticas en el hecho.
El juicio por jurados, que comenzará este miércoles a las 9 en los tribunales de la ciudad de Córdoba, estará a cargo del tribunal técnico de la Cámara 8a.del Crimen y tendrá a 13 policías sentados en el banquillo de los acusados.
Cómo sucedió el homicidio
De acuerdo a los datos de la instrucción de la causa, en la madrugada del 6 de agosto del 2020, Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio (Valentino Blas Correas, C.T., C.B.C. y M.N.), todos de 17 años entonces, quienes habían acordado encontrarse para ir a un bar.
Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad y al acercarse al puesto de seguridad, pero aparentemente aceleraron y continuaron la marcha.
Camerano Echevarría, en su testimonio, había manifestado que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza.
Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil que se movilizaban los jóvenes “con intención de matarlos”, según la elevación a juicio.
Por su parte el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo”, también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha “a sabiendas que no había justificación legal para ello”.
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Valentino, que le provocó la muerte.
“El ejercicio de institucionalizar la violencia policial en Córdoba es un tema que urgente nos propone hacer una reflexión y una reconstrucción de la confianza de la sociedad con las fuerzas de seguridad y con la justicia”.Paola García Rey
Los demás ocupantes no sufrieron heridas, no obstante uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha del adolescente C.B.C., a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías ‘plantaron’ un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el automóvil de las víctimas, en la intersección de Chacabuco y Corrientes.
Antes de llegar a ese lugar, los amigos llevaron a Valentín hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por esa desatención se tramita otra causa que fue elevada a juicio y que tiene a Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo imputados por «abandono de persona» y «omisión de auxilio».
Los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como ‘coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos”.
En tanto con los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’.
Los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo tendrán la responsabilidad de sostener las acusaciones.