Durante su exposición pública tras la negativa de ampliar su indagatoria, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra lo que consideró que los fiscales se niegan a investigar, con el objetivo de «proteger a los que verdaderamente roban en el país» y, en ese tono, recordó que durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para otorgarle 45 mil millones de pesos al soterramiento del Sarmiento, obra en la que su primo Angelo Calcaterra estaba como parte del grupo de empresas licitadas. La vicepresidenta señaló que esa obra debía tener financiamiento del consorcio de empresas IECSA -empresa que Calcaterra le compró a la familia Macri en 2007-, Comsa (España), Ghella (Italia) y Odebrecht, de Brasil. Sin embargo, como acción de prensa, Macri decidió dar inicio a la obra con un desembolso record del Estado hacia empresas privadas y lo anunció a principio de octubre de 2016 desde el lugar donde estaba la tuneladora junto a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Dos años después, y tras varias desembolsos que están siendo auditados por el gobierno nacional, el entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich paralizó las obras por decreto, cuando la tuneladora había avanzado de Haedo hasta el barrio porteño de Villa Luro, con menos del 30 por ciento de la obra ejecutada. En marzo de 2017, meses después del giro millonario, el primo de Macri vendió IECSA al entonces dueño de Edenor, Marcelo Midlin. «Nunca lo creí, pero así está la Argentina», dijo este martes Cristina en su exposición. La titular del Senado recordó que la firma del decreto ocurrió en junio de 2016 y lo hizo la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti, para modificar el Presupuesto. Cristina Kirchner señaló que la firma de un decreto de modificación del Presupuesto fue un hecho casi inédito, con un antecedente con Amado Boudou, pero cuando ella era presidente y había quedado de licencia por su intervención por un hematoma subdoral. PUBLICIDAD La ex jefa de Estado insistió que la modificación fue a contramano del contrato de licitación original, ya que era «una obra que había sido licitada con la condicionalidad de que tenga financiamiento de la empresas». «El Estado cambia unilateralmente las reglas y perjudica al erario público», añadió Cristina.
