Excombatientes de Malvinas pidieron este martes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que revise la pensión honorífica que recibe el exmilitar Aldo Rico, tras las declaraciones golpistas del pasado 22 de julio, ya que –explicaron– hay un decreto que «impide acceder al beneficio a quienes fueron sancionados por delitos contra el orden constitucional y la vida democrática». En una nota dirigida a Fernanda Raverta, titular de la Anses, la Mesa de Coincidencias Malvinas (Mecoma), colectivo que agrupa a exsoldados y civiles que participaron de la guerra, advirtió que existen «irregularidades en el otorgamiento y continuidad de beneficios contemplados en la Ley 23848», específicamente «en el estricto cumplimiento del artículo 6° del Decreto 1357/04». Esa ley, indicó la Mecoma, «otorga la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, un reconocimiento basado de los méritos y honores, de carácter no contributivo y graciable, que constituye en verdad un instituto de reconocimiento, puesto que excede los estándares de los derechos previsionales ordinarios». En ese marco, señalaron los excombatientes, «corresponde que al interpretarlo se aplique un temperamento preciso y restringido». A través del artículo 6 del decreto N°1357/04, continuó el colectivo en la nota dirigida a Raverta, el Poder Ejecutivo Nacional establece supuestos de gravedad que impedirían el acceso al beneficio honorífico. «Los veteranos de guerra que hubieran sido condenados, o resultaren condenados, por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados del Código Penal, no podrán ser beneficiarios de las pensiones de guerra a que se refiere el presente decreto”, dice ese artículo. «Desde nuestras organizaciones bregamos por el cumplimiento de dichas normas y más aún por tratarse de un universo de beneficiarios donde muchos de ellos formaron parte de las estructuras de las FF.AA durante la dictadura cívico militar. Posteriormente, ya recuperada la democracia, miembros de las FF.AA y de Seguridad cometieron actos ilícitos como los episodios llevados a cabo en los alzamientos militares en los años 1987, 1988 y 1990», indicó el Mecoma a través de u comunicado. En ese sentido, el colectivo recordó que el viernes 22 de julio circuló un video en el que Rico, «recordado por todos los argentinos como un desestabilizador del sistema democrático, lanza una proclama cuyas manifestaciones fueron repudiadas por antidemocráticas y desestabilizadoras». En el video, el excarapintada que protagonizó desfiles patrios durante el gobierno macrista aseguró que “estamos en manos de un grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela, hacia Irán, hacia Cuba» y que «la sociedad no está dispuesta a tolerar esto”. Y agregó, en un mensaje a las Fuerzas Armadas: “Les pido que se pongan de pie, que se unan, que se organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos que estar al lado del ejército si las circunstancias se pronuncian en más disolución y violencia”. Ante este episodio, los excombatientes revisaron registros y observaron que Rico es beneficiario de la Pensión Honorífica, por lo que pidieron «su revisión y que se verifique si en este caso se viola lo establecido en el artículo 6° del decreto 1357/04, al tratarse de recursos que surgen del erario público». Por último, ofrecieron «contribuir» desde la experiencia y conocimiento «para que la impunidad no sea premiada». Repudios Las declaraciones de Rico cosecharon una ola de repudios. Agustín Rossi, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), calificó al exmilitar como un personaje “siniestro” de la democracia y lo comparó con el excanciller Carlos Ruckauf y el exsecretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma, que pidieron adelantar las elecciones. “Lo de Rico escala un paso más, fundamentalmente por su historia golpista”, remarcó el fin de semana en diálogo con Radio Nacional. En el Ministerio de Defensa, en tanto, siguieron el asunto con interés, aunque dijeron que ya hace 30 años que Rico no tiene estado militar, por lo cual no les correspondía a las autoridades de la cartera que dirige Jorge Taiana –a quien el excarapintada acusó de “terrorista”– ni al Ejército aplicarle sanciones. «No resulta llamativo que un ex militar golpista como Aldo Rico produzca mensajes de desestabilización», señalaron, por su parte, los organismos de derechos. «Frente a la crisis actual, todos los sectores debemos ser cuidadosos. Convocamos a todas las fuerzas del campo popular a unirnos en la defensa de la democracia y las conquistas en materia de derechos humanos que supimos conseguir», dijeron en un mensaje conjunto Madres Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, HIJOS Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) nacional y La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Comisión Zona Norte, entre otros. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se sumó a la cadena de repudios y sostuvo que las acciones de Rico son «amenazas que reivindican atentados contra la democracia y el orden constitucional cuyas consecuencias para la vigencia de los derechos humanos todxs conocemos». “Su mensaje es representativo de los valores que siempre defendió: fue parte de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, participó de las sublevaciones militares de 1987 y 1988 que condicionaron al gobierno democrático para sancionar las leyes de impunidad de los militares genocidas y luego como funcionario de la democracia, también hizo un culto de las políticas represivas y de mano dura”, manifestó, a su turno, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Denuncias En la tarde del viernes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció penalmente a Rico por delitos contra el orden constitucional. «Se advierte que se trata de un mensaje público destinado a sus ‘camaradas’ con el objetivo de alzarse contra la Constitución Nacional y deponer a los poderes públicos democráticos. Las expresiones de Aldo Rico contienen una amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas», sostuvo el organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti. El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, también presentó una denuncia por presunta «amenaza de rebelión» ya que en el video de Rico «se difunde públicamente un mensaje que podría constituir una amenaza de atentado contra el orden constitucional y la vida democrática». Este lunes, dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias: el juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia presentada por Abramovich, en tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que hizo Pietragalla.
