La justicia que investiga el conflicto armado en Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles por los llamados «falsos positivos» en el departamento de Casanare, donde 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva. La imputación se da en el marco del caso de falsos positivos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la unidad militar en esa época.
La estructura y el modus operandi
En la Brigada XVI «se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008″, advierte el informe de la JEP, que apunta a la «masividad de una conducta que permeó» la unidad. Los militares tuvieron «un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal», señaló esta instancia especial surgida del acuerdo de paz de 2016.
En este sentido, la JEP destacó que «los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea«. Además, recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar, y que recibían a cambio «permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos de formación en el exterior y reconocimientos».
Se trataba, por tanto, de «un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región». El magistrado Óscar Parra, uno de los relatores del caso, explicó en rueda de prensa que «alrededor de 367 personas, entre militares, miembros del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y terceros civiles habrían conformado la organización criminal y participado en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes». Parra aclaró que solo se imputó a 22 personas porque aún no había prueba de que los demás acusados fueran máximos responsables de los delitos.
Las víctimas
En su mayoría, las víctimas de los falsos positivos en Colombia (que la JEP estima en 6.402) fueron hombres entre los 18 y 25 años, aunque en el caso de Casanare la JEP obtuvo información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.
Esto llevó a que, por primera vez, la justicia especial imputara el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. También es la primera vez que la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.
A su vez, la JEP constató que en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado. Está documentado que algunas de las víctimas fueron asesinadas en situación de total indefensión, a quienes los reclutadores «incentivaban a beber alcohol o consumir estupefacientes».
Los asesinatos de jóvenes en falsos positivos, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el gobierno de derecha de Álvaro Uribe. En estos casos, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. A estos implementos los miembros del Ejército los denominaban, en la jerga interna, «kits de legalización».
Los imputados
Entre los miembros de la Brigada XVI imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros diez oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos terceros civiles. Aunque Torres, que en 2016 se convirtió en el primer general detenido por su responsabilidad en falsos positivos, dijo que todo pasó a sus espaldas, las más de cien versiones voluntarias de militares y otros implicados que escuchó la JEP dan cuenta de que conocía de cerca lo que sucedía en cada unidad y grupo bajo su mando.
Además del general Torres Escalante, la JEP imputó al mayor Gustavo Soto Bracamonte, quien comandó el Gaula Casanare y se hizo célebre recientemente al confesar que el excomandante del Ejército, Mario Montoya, evaluaba el desempeño de sus subordinados «por litros de sangre». En su participación en la audiencia de la semana pasada ante los familiares de las víctimas, Bracamonte aseguró: «Yo era el comandante del Gaula acá y no tuve la gallardía y la berraquera para negarme a esa práctica irregular. Vengo a reconocerles que yo soy el victimario de sus seres queridos».
Lo que sigue
Cuando la JEP concluyó en 2021 que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 falsos positivos, explicó que se priorizaría la investigación de lo sucedido en algunos departamentos que sufrieron esta práctica criminal con mayor crudeza. Por ese motivo los magistrados pusieron la lupa sobre lo ocurrido en Casanare, que tiene la tasa más alta de falsos positivos por número de habitantes de toda Colombia: 12 casos por cada 100 mil habitantes. Esta imputación de Casanare se suma a las de los departamentos de Catatumbo y Cesar.
Luego de ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. También pueden aportar argumentos o evidencia adicional. Si confiesan su responsabilidad y reparan a sus víctimas podrán recibir penas alternativas a la cárcel, de lo contrario se exponen a penas de hasta 20 años de prisión.