La senadora de Chile, Fabiola Campillai, demandó al Estado tras haber perdido la vista por el impacto en su cara de una bala de goma disparada por un carabinero durante la represión del estallido social de 2019.
Campillai, que se dirigía hacia su trabajo y no estaba participando de las protestas, sufrió fracturas en el cráneo por las cuales se tuvo que someter a cirugías de reconstrucción facial, y perdió la vista, el gusto y el olfato.
¿Qué dice la demanda?
En la demanda, que fue presentada hace años y difundida esta semana por el diario La Tercera, la ahora senadora señaló que “debido al actuar doloso o a lo menos negligente de Carabineros” ella y su familia sufrieron un “evidente daño moral” y denunció la “falta de servicio por parte de los funcionarios policiales” que no le brindaron primeros auxilios luego de haber sido herida.
En el documento, de 25 páginas, Campillai solicitó una indemnización de perjuicios de más de dos millones de dólares que se divide en unos 754.000 dólares para ella y casi 1,5 millones de dólares para cinco integrantes de su núcleo familiar.
En su justificación, la ahora senadora alegó que “aparte del evidente dolor físico que padeció y padece en la actualidad, debido a las múltiples fracturas y prácticamente la deformación de su rostro, se suma la situación de tener que reaprender habilidades de carácter cotidiano”.
Tras la circulación de la noticia sobre la demanda con el pedido de resarcimiento económico, Campillai explicó que este es “un paso hacia la reparación integral” que se basa en tratados de derechos humanos “firmados y ratificados por Chile”. “Mi demanda de indemnización de perjuicios al Estado chileno por el daño causado fue realizada antes de ser senadora y durante el gobierno de Sebastián Piñera [2018-2022]”, detalló a través de su cuenta de Twitter.
A continuación, la senadora enfatizó que el hecho de que ahora la prensa haya “desarchivado” la demanda “solo habla de la desesperación de desprestigiarla políticamente”, y de “minimizar el hecho en sí”, que la dejó “al borde de la muerte y la mantendrá con discapacidad por siempre”.
“La reparación es un derecho y no tan solo para mí, como víctima directa, sino que también para mi familia, considerando que el daño es transgeneracional”, puntualizó, para luego hacer hincapié en que el Estado debe cumplir “con sus deberes de hacer justicia con el derecho a la reparación integral” de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, y hacer “efectiva la garantía de no repetición”.
El proceso judicial
Campillai ganó notoriedad tras ser herida durante la represión y en 2021 fue elegida senadora independiente, siendo la más votada a nivel nacional. Su caso, al igual que el del joven chileno Gustavo Gatica, quien también perdió la vista, recorrió el mundo y visibilizó una “epidemia de mutilados oculares” que ocurrieron durante el estallido. Cifras de Fiscalía indican que más de 400 personas sufrieron heridas oculares durante la represión del estallido social en Chile. Esto revela, según organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales, un mal uso de las balas de goma por parte de Carabineros, ya que según las normas nacionales e internacionales sus integrantes no deberían dispararlas hacia la cabeza sino contra el cuerpo.
Después de que Campillai asumiera como senadora, la Cámara de Diputados manifestó su preocupación “por la falta de celeridad en el proceso de investigación de los delitos cometidos por agentes del Estado” en su contra. “Fabiola Campillai es nuevamente víctima del Estado”, sentenció la cámara, y recordó que «es deber» de este «asegurar a todas las personas de nuestro país que no habrá nunca más impunidad».
Patricio Maturana fue identificado como el capitán de Carabineros (ahora removido) que disparó contra la ahora senadora. Enfrenta desde prisión domiciliaria el juicio en su contra, que comenzó en mayo y en el cual está imputado por apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. La Fiscalía solicitó 12 años de cárcel, mientras una de las partes querellantes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pidió 15 años de prisión.