El Congreso peruano votará el próximo martes en sesión extraordinaria un proyecto que podría marcar el camino del regreso a la bicameralidad parlamentaria, abolida por la Constitución de 1993 y cuyo posible retorno fue rechazado en un referéndum en 2018.
Si la propuesta recibe una mayoría calificada de al menos 87 votos entre los 130 parlamentarios, bastará con que se le apruebe de la misma manera en una segunda legislatura, como la que comenzará a finales de este mes, para entrar en vigencia.
El debate se basa en un proyecto elaborado por la Comisión de Constitución y específicamente por su presidenta, Patricia Juárez, que cuenta con respaldo de bancadas de derecha y centroderecha, pero es visto con reservas por sectores de izquierda, que prefieren que se recurra de nuevo a un referéndum.
«Si acudimos al referéndum vamos a tener una legitimidad porque contaremos con el aval del pueblo. Caso contrario, nos podrán decir que decidieron unos cuantos», argumentó el parlamentario Waldemar Cerrón a nombre del partido Perú Libre (PL), al que perteneció hasta la semana pasada el presidente Pedro Castillo.
Perú tuvo Congreso bicameral hasta 1992, cuando el entonces presidente, Alberto Fujimori, lo disolvió mediante un golpe de Estado. La Constitución de 1993, de clara esencia fujimorista, estableció el Congreso unicameral que funciona ahora.
En el referéndum de 2018, convocado por el entonces presidente Martín Vizcarra, 14 millones de peruanos rechazaron el regreso a la bicameralidad, contra 1,5 millones que lo aprobaron, lo que según analistas se explica en el desprestigio de que adolece el Poder Legislativo.
La posibilidad del regreso a las dos cámaras es ahora paradójicamente impulsada por el fujimorismo -antes gran enemigo de esa figura-, que señala que las condiciones han cambiado y que es necesario adoptar ese sistema para un mejor funcionamiento.
Desde la contraparte se admite que la situación podría haber cambiado, pero básicamente se prefiere que sea una consulta popular la que marque el camino, en especial después de que la propia derecha se opusiera tajantemente a que se toque la Constitución vigente.
El politólogo Alonso Cárdenas le dijo que la posible bicameralidad tiene aspectos positivos, pues el Senado sería una corporación «más reflexiva», pero no en el actual contexto en que los partidos «son vientres de alquiler que no tienen ideología, ni cuadros, ni militancia, ni nada».
Para Cárdenas, trabajar esas reformas sin mejorar la calidad de los partidos es «empezar al revés». La politóloga Adriana Urrutia cuestionó a su vez que se busque fortalecer al Congreso sin pensar simultáneamente en controles para esa institución, que prácticamente no los tiene.
Los cambios que propone el proyecto
El proyecto de Juárez, del partido fujimorista Fuerza Popular, plantea un Senado de 60 integrantes y una Cámara de Diputados de 130. Hasta 1992, había 62 senadores y 180 diputados.
La propuesta, además, reestablece la posibilidad de que los congresistas puedan ser reelegidos para el período siguiente, lo que contraría los resultados del referéndum de 2018, en el que 13,6 millones de peruanos -contra 2,3 millones-, se pronunciaron en esa vía.
Otro cambio, entre más de 50 modificaciones constitucionales que implica la propuesta, apunta a que los candidatos a presidente de la República pueden al mismo tiempo postularse al Senado o la Cámara Baja.
Más allá de los argumentos sobre la conveniencia o no de las dos cámaras, los críticos de la pretendida reforma critican la forma en que el fujimorismo y sus aliados la manejan, después de que rechazaron con énfasis el pedido del oficialismo de que se adopte una nueva Carta a través de una asamblea constituyente.
«¿Por qué no se dio la oportunidad de discutir la asamblea nacional para una nueva Constitución, así como estamos discutiendo la bicameralidad?», cuestionó Carlos Zeballos, de Perú Democrático, una de las tres bancadas nacidas como disidencias de PL y que mantiene el respaldo a Castillo.
«La bicameralidad fue consultada en un referéndum que le costó al país. El pueblo la rechazó categóricamente, y querer aprobarla por la fuerza es una provocación», añadió Guido Bellido, uno de 16 parlamentarios (de 37) que se mantienen en PL.
Los temores apuntan además a que con un proyecto discutido en poco tiempo y sin mayor información se puedan introducir cambios polémicos, como el que se detectó esta semana: pretender que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puedan ser objeto de acusaciones constitucionales de parte del Congreso.
«Necesitamos garantizar la autonomía de nuestro sistema electoral», dijo entonces la legisladora de izquierda Ruth Luque, para quien lo que buscaba el fujimorismo era «castigar» al JNE y la ONPE por no haber aceptado los cuestionamientos de la derecha a los comicios de los que emergió triunfador Castillo.
Al final, la sesión del jueves pasado pasó a cuarto intermedio para revisar el asunto, durante el cual Juárez desistió de la posibilidad de actuar contra esos funcionarios y, de paso, contra el presidente del Banco Central de Reserva (emisor) y el superintendente de Banca y Seguros, a los que se incluía en el apartado descubierto esta semana.
El desorden en la composición del actual Congreso, en el que el partido oficialista se rompió en cuatro partes y también hay disidencias en otras bancadas, dificulta anticipar cuál puede ser el resultado del martes.
El Parlamento, cuya desaprobación popular se acerca en las encuestas a 90 %, es acusado por amplios sectores de opinión de ocuparse de temas no prioritarios y dejar en cambio de lado medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, del alza en el costo de vida, de la inseguridad ciudadana y de deficiencias estructurales.
Las sesiones ordinarias del Congreso debieron terminar a finales de junio, pero se las prolongó hasta el próximo viernes para tener tiempo de, además de ver el tema de la bicameralidad, abordar posibles acusaciones contra Castillo e impulsar iniciativas sociales de estirpe conservadora.