La audiencia en la que iba a iniciarse este lunes un proceso penal contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, por paralizar un servicio público durante las recientes protestas contra el gobierno, fue declarada “fallida” y se envió el caso a la Corte Constitucional para que decida el mecanismo con el que seguir.
El proceso contra Iza es impulsado por la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado y la audiencia de este lunes no llegó siquiera a instalarse por cuestiones de procedimiento.
La jueza del caso remitió una consulta a la Corte Constitucional para que evalúe las pruebas y defina si la misma magistrada puede seguir al frente del proceso.
El juicio se entabló en un tribunal de la localidad central de Latacunga, en cuya jurisdicción Iza -presente en la audiencia frustrada- fue detenido por 24 horas el 14 de junio, cuando al parecer participaba de un corte de ruta en medio de las manifestaciones nacionales por el alto costo de vida.
La Defensoría del Pueblo indicó a través de su cuenta de la red social Twitter que su delegación en Latacunga se encontraba en la audiencia de juzgamiento «para vigilar el debido proceso que sigue Fiscalía en contra de Leonidas Iza».
Raúl Ilaquiche, uno de los abogados del máximo dirigente campesino, señaló a la agencia de noticias AFP que la audiencia de juicio, que se desarrollaba a puerta cerrada, hubiera tomado «varios días» debido a la cantidad de testigos y pruebas de parte y parte.
Iza está acusado por un presunto delito de paralización de un servicio público, por lo que, según el Código Orgánico Integral Penal (Coip) de Ecuador, en caso de que sea declarado culpable, podría ser condenado de uno a tres años de prisión.
Carlos Poveda, otro de los abogados de Iza, manifestó a la prensa que una vez instalada la audiencia, la defensa impugnó la competencia de la jueza Paola Bedón porque fue quien ya instruyó la causa a raíz de la detención.
El letrado sostuvo que si bien el dirigente es acusado de cometer un delito flagrante, tienen constancia de que lo habían investigado antes de que fuera detenido –y posteriormente liberado-, mientras lideraba el paro nacional contra el Gobierno.
«Hemos pedido que se haga la consulta a la Corte Constitucional sobre un tema que es importante: creemos que la jueza que ya instruyó la causa por flagrancia no puede ser la jueza que resuelva. Hay contaminación probatoria», expresó Poveda.
De pasar esa solicitud, la Corte Constitucional tendrá hasta 45 días para pronunciarse, por lo que el juicio se suspenderá hasta entonces, dijo la jueza Bedón.
La magistrada había dispuesto el 15 de junio la inmediata liberación del líder indígena a cambio de medidas alternativas como presentarse de manera periódica ante las autoridades y prohibición de salir del país.
La Conaie había convocado a un «plantón de apoyo y solidaridad» al dirigente, a quien la organización identifica como un «acusado injustamente por el Gobierno para criminalizar la protesta social», informó el diario ecuatoriano El Comercio.
Unos 2.000 campesinos, según el área de Seguridad Ciudadana del municipio local, se concentraron en cercanías del tribunal, que estaba acordonado por vallas metálicas y policías, para expresar de manera pacífica su apoyo al jefe de la Conaie, que impulsó 18 días de fuertes protestas que dejaron seis muertos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles.
Poveda demandó además que se haga «un juicio justo» y dijo que han requerido asistencia penal internacional, de tal manera que las pericias se hagan con especialistas independientes, ya que se trata de un proceso impulsado desde el Estado, a través de Procuraduría y la Fiscalía.