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UTA acude al gobierno por los 150 despidos

“Si no tenemos respuestas a través del diálogo, nos veremos obligados a tomar medidas de acción directa”, advirtió César González, titular del gremio.

El viernes pasado, la Unión Tranviarios Automotor advirtió que alrededor de 150 trabajadores iban a ser despedidos bajo el argumento de que las empresas se encuentran en una profunda crisis económica. Según aclaró César González, titular del gremio, los choferes recibieron hoy las notificaciones que confirman los despidos.

Con esa documentación en mano, los dirigentes de la UTA se presentaron en la Secretaría de Trabajo para solicitar que se dicte la Conciliación Obligatorio y se convoque a una reunión con los empresarios de AETAT para intentar resolver el conflicto. “Si no tenemos respuestas a través del diálogo, nos veremos obligados a tomar medidas de acción directa”, señaló González.

En este sentido, desde el gremio de choferes no descartan un posible paro en los próximos días, si no obtienen respuestas a la situación de todos los trabajadores cesanteados.

Los argumentos que esgrimen desde la cámara empresaria para justificar las desvinculaciones no son nuevos, los viene repitiendo hasta el cansancio desde hace varios años. Las tarifas son bajas en relación al estudio de costo y los subsidios están congelados, con lo que las empresas se manejan en números rojos, según advierten, desde hace mucho tiempo.

En septiembre, bajo el mismo planteo, la AETAT había pedido al Concejo Deliberante de la capital una nueva tarifa porque el último aumento del boleto de $19,30 a $24 –se dio en julio- fue “absorbido por la inflación causada por la devaluación del peso”. Asimismo, desde hace al menos 2 meses las empresas modificaron la frecuencia de los ómnibus fuera de los horarios pico, como un modo de racionalizar el combustible, ocasionado más tiempo de espera para los pasajeros.

En aquella sesión donde se aprobó el incremento, el Concejo Deliberante de capital declaró al transporte urbano colectivo de pasajeros como un “servicio esencial” para la comunidad. La norma establece que el servicio no podrá interrumpirse por ningún motivo, aún cuando medien razones justificadas, y que garantizar su continuidad y regularidad es una obligación de las empresas.

Cabe recordar que desde mayo del 2018 está vigente en nuestra provincia “la Emergencia en el Transporte Público”, a partir de la cual el gobierno provincial destina unos $20 millones mensuales en concepto de subsidios para el sector. A cambio, los empresarios se comprometían a no despedir a ningún trabajador. De hecho, uno de los artículos de la normativa ponía como condición de la ayuda económica la protección de los puestos de trabajo.

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