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La ONU reclamó la derogación del decreto de Macri contra los migrantes

A diferencia de otros Comités de la ONU que ya habían condenado el decreto (como el Comité de los Derechos del Niño o el Comité Contra la Tortura), esta resolución advierte por primera vez sobre las consecuencias que generó, las expulsiones masivas y separaciones familiares, que de acuerdo con la Defensoría General de la Nación suman al menos 125 casos, de los cuales 109 son de madres o abuelas de residentes en Argentina que tuvieron que separarse de sus familias. Esos datos fueron tomados en cuenta por el órgano de la ONU, que pidió al gobierno que tuviera especial atención en estos casos para no seguir vulnerando derechos humanos.

A partir de la presentación que realizaron organismos de derechos humanos y asociaciones protectoras de migrantes a principios de septiembre en Ginebra, el Comité denunció que el DNU ”no cumple los fundamentos básicos de la Convención” a la que está suscrita Argentina desde 2007. Por lo tanto, emitió una serie de recomendaciones urgentes, por las cuales el país deberá rendir cuentas en octubre de 2020, y otras a largo plazo que tendrá que informar dentro de cuatro años.

Raisa Ortiz Cetra, integrante del equipo de Trabajo Internacional del CELS, quien participó de la presentación del informe conjunto de más de quince organizaciones nacionales, entre ellas la Comisión Argentina para Refugiados y Migrante y el colectivo Migrar no es Delito, resaltó que el Comité “se pudo adentrar en las consecuencias de la implementación del DNU”.

“El informe es muy completo en relación a nuestras denuncias, también celebra el reingreso de Vanessa Gómez Cuevas pero solicita la revisión de los demás casos, entre ellos los de de Liz Moreta y Jhony Quiroz”, relató a Página/12 la especialista.

El documento podría ser también un aliciente para que la Corte Suprema falle contra el decreto. En marzo de 2018 la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el DNU, pero el Gobierno apeló y ahora la causa se elevó a la Corte, que todavía no se expidió sobre el tema. Mientras tanto el decreto sigue vigente.

Ortiz Cetra confía en que la resolución del Comité influya en la decisión del máximo tribunal, en tanto el documento “es muy contundente” porque especifica que el decreto “es opuesto al contenido de la Convención”. “Esperamos también que la Corte entienda el impacto del DNU no sólo a nivel normativo, que comprenda el impacto concreto que tiene y que cuanto más tarda en tomar una decisión, más se ve afectada la vida de los y las migrantes de la Argentina”, resaltó.

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