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Ahora 12, créditos Anses, reducción de retenciones y más ruido, mucho «ruido»

Ayer se conoció que el Gobierno bajó los derechos de exportación de 4 a 3 pesos por dólar exportado para productos de las economías regionales, incluidos productos y subproductos de la soja, lo que supone una rebaja de poco más de dos puntos porcentuales sobre el monto que se paga por dólar de mercadería colocada en mercados externos.

Sin dudas, un guiño al sector en medio de la campaña, que busca morigerar uno de los reclamos persistentes de los gobernadores.

Sin embargo, aunque buena parte de los mandatarios destacó públicamente la medida, hubo excepciones.

«Otra gran noticia para la producción en Río Negro», celebró el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), de buena sintonía con la Casa Rosada y con la mirada puesta sobre todo en la producción frutícola.

«Acertada decisión de la administración nacional», dijo por su parte el vicegobernador correntino Gustavo Canteros, haciendo foco en la producción arrocera.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro Haene, afirmó que el decreto relega a la provincia porque los principales productos exportables, como la yerba mate, el té y la madera, no fueron alcanzados.

«Una vez más los misioneros fuimos relegados por el Gobierno nacional», se quejó. «Tendremos que seguir esperando más allá de todas las notas que presentamos al Gobierno para que se eliminen los $3 a las retenciones porque teniendo en cuenta que con el valor del dólar actual no se está liquidando por encima de los $41 por dólar y si a eso se le descuentan los $3 de retenciones se exporta por debajo de los $38», graficó.

De todas maneras, los misioneros no quedarán afuera de otros «beneficios» preelectorales por la urgente necesidad del oficialismo de reactivar el consumo. De esta manera, a los créditos de la ANSES, los subsidios para comprar autos y el plan de pagos Ahora 12, se sumará ahora una actualización del salario mínimo, vital y móvil.

Ocurre que con la mayoría de las paritarias cerradas, el Gobierno convocará el Consejo del Salario en agosto para fijar el nuevo aumento de la remuneración mínima, que hoy es de $12.500.

El Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica, esquivará a la vez el pedido de convocatoria urgente elevado en las últimas horas por el sindicalismo duro encabezado por Hugo Moyano, y podría aprovechar la cercanía de las PASO para inyectar más de $30.000 millones en la economía antes de la primera batalla electoral del año prevista para el 11 de agosto.

Será en agosto, una vez que terminen de cerrarse las paritarias, aunque no hay fecha precisa.

Mientras, Sica se esperanza con una recuperación del consumo a partir de la clausura de las principales negociaciones salariales que entre marzo y junio ya alcanzaron a casi cinco millones de trabajadores. Sumado a ello esta actualización del salario mínimo, vital y móvil que se prevé que mejore la situación de un universo de 11 millones de trabajadores, más los mencionados anteriormente.

El SMVM sirve hoy solo para cubrir un 37% de la canasta familiar de pobreza para una pareja con dos hijos, valuada en $33.300.

Así y todo, los estudios muestran que tiene un efecto «derrame» sobre siete millones de trabajadores informales, 250.000 docentes cuyo piso salarial debe ser un 20% superior al mínimo, y 1,3 millones de jubilados con 30 años de aportes con un haber mínimo, equivalente al 82% del mínimo por la reforma previsional de 2017. También incide sobre los empleados registrados fuera de convenio y cerca de 600.000 beneficiarios de planes sociales, que perciben la mitad de la mínima.

Así, en el caso de que el Gobierno convalide un aumento del 28% anual en línea con el promedio acordado en las paritarias, el aumento en ciernes implicaría, cada mes, el desembolso adicional por parte del sector privado y público de $30.000 millones a la economía, según cálculos propios.

De lo cual, previsiblemente, casi la totalidad sería volcada al consumo. Quedan por fuera, en cambio, los trabajadores agrarios y los estatales, que tienen regímenes diferentes.

Este año, los 48 representantes de los gremios, las empresas y el Estado se reunirán tan solo tres días antes de las primarias. Por lo que se espera que haya tensiones.

La cúpula de la CGT evalúa por estas horas solicitar un aumento que acerque el piso salarial a la inflación, luego de reclamar en diciembre pasado una suba urgente a través de una carta formal dirigida al Gobierno que fue respondida con el anticipo a marzo del último tramo previsto para junio.

Los primeros en reflotar el reclamo fueron el camionero Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo al exigir el jueves pasado un aumento inmediato de la remuneración mínima, junto con una recomposición de emergencia para los jubilados, y la exención del aguinaldo del pago de ganancias.

«Se hace necesaria la convocatoria a la discusión del Salario Mínimo Vital y Móvil que son los compañeros que menos ganan y que regulan a aquellos que tienen salario por fuera del convenio y están en negro», dijo Palazzo en una conferencia de prensa organizada por el Frente Sindical, que integra junto a Moyano y el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky.

El dirigente de la central alternativa elevará en las próximas horas un pedido formal a la cartera de Sica para que se adelante el Consejo del Salario.

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