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Para no ir a la cárcel podrían realizar tareas en la iglesia de su barrio

Sus rostros fueron conocidos a nivel nacional por un video que primero se viralizó en las redes sociales y después apareció hasta los programas de chimentos. Las imágenes mostraban a dos motochorros que pretendían asaltar a una joven que filmaba con su celular a su pequeña hija disfrazada de conejita el domingo de Pascuas cuando caminaban por Las Piedras al 2.200. Después de que la Policía realizara varios procedimientos para detenerlos, los sospechosos se presentaron en Tribunales y quedaron detenidos. El sábado, por orden de la Justicia, los acusados de tentativa de robo simple fueron liberados, ya que se declararon culpables del hecho y aceptaron realizar tareas comunitarias para no ser enjuiciados.

El caso generó un gran revuelo a nivel nacional y más aún cuando el canal Todo Noticias entrevistó a una tucumana que se había radicado en Córdoba porque aseguró que uno de los jóvenes había herido a su pareja en un intento de asalto. Presionados, Lucas Gabriel Lucena (25 años) y Carlos Federico López (29) se presentaron ante la fiscala Adriana Reynoso Cuello y quedaron detenidos en el acto por orden de la Justicia.

Los sospechosos, habrían asegurado que desde el día anterior estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que, al quedarse sin dinero, decidieron salir a buscar algo para continuar con la reunión. Por eso, intentaron robarle el celular a la madre de la pequeña.

Después de haber reconocido ser culpables, los acusados generaron la segunda sorpresa: como lo establecen las normas, pidieron someterse a una probation. Y la Justicia lo acepto.

La decisión judicial generó una rápida reacción en las redes sociales. La familia, sin conocer a fondo lo que sucedía, denunció que se sentía desprotegida por parte de la Justicia.

“Aceptamos este recurso por dos razones: porque la ley prevé su utilización y porque entendemos que esta es una herramienta para cumplir con lo que la sociedad nos exige, es decir, celeridad en las causas”, explicó Reynoso Cuello.

Si no se recurría a esta alternativa, a los imputados no se les podría haber dictado la prisión preventiva, puesto que estaban acusados de un delito que es excarcelable. Si eran enjuiciados y encontrados culpables, podrían haber recibido una pena de tres años como máximo, que sería de cumplimiento condicional, es decir, no estarían privados de su libertad. Eso si eran sometido a un proceso oral antes de que se cumplan los 36 meses de la fecha de su imputación, para que no prescribiera.

“Es una herramienta que se puede utilizar con personas que cometen un ilícito por primera vez; es decir, que no tienen antecedentes. Mis defendidos, que son personas que trabajan y que tienen familia, reconocieron que habían cometido un error y que estaban dispuestos a pagar por lo que hicieron”, manifestó el abogado de los motochorros.

“Ellos están arrepentidos por haber protagonizado un hecho así. Uno de ellos recibió el apoyo de la gente de su barrio y hasta le ofrecieron realizar tareas en la iglesia de su barrio”, agregó el letrado.

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