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La investigación por el ARA San Juan recobra impulso

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa aseguran que en muy corto plazo habrá novedades relativas al sumario militar que lleva adelante el Estado Mayor Conjunto de las FFAA en torno a las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder a la cadena de mandos naval involucrada en las operaciones del submarino.

En este sentido, las fuentes consultadas por este medio dejaron en claro que “todo lo relacionado con ejercicios de adiestramiento de la flota de mar y de la fuerza de submarinos entran dentro de las competencias del oficial que detenta el cargo de Comandante de Adiestramiento y alistamiento de la Armada, no necesitando ningún permiso especial de las autoridades del Ministerio de Defensa para llevarlas adelante, siempre dentro de las previsiones generales oportunamente aprobadas para la fuerza”.

Las investigaciones preliminares permiten afirmar que en los últimos años y en las tres FFAA se ha venido siguiendo el mismo criterio para todas las ejercitaciones de distintas unidades o componentes militares. No obstante, excepto el Presidente de la Nación, todos los estamentos políticos del área de defensa están sujetos a investigación.

Por el lado del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral que investiga el hundimiento de la embarcación retomará su actividad el próximo 19 de febrero, al margen de la labor parlamentaria general que sigue en receso. Dentro de la agenda prevista, los legisladores aguardan con especial interés el testimonio del Capitán de Fragata Eduardo Cella Irigoyen, quien fuera comandante del San Juan con anterioridad al fallecido Capitán Pedro Fernández. La idea es que el marino detalle el estado del submarino cuando estuvo bajo su mando y el listado de tareas pendientes de ejecución para llevar su operatividad al estándar de diseño. Según voceros de la propia bicameral, a mediados de año se estaría en condiciones de emitir un dictamen con las conclusiones acerca de las responsabilidades políticas en el siniestro. La Comisión no tiene facultades para imponer penas o sanciones penales o administrativas.

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