En una carta pública, divulgada en Managua, la AMA solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) «apoyar para que sea aplicada la Carta Democrática» al Gobierno de Ortega en la sesión extraordinaria que ese organismo celebrará este viernes en Washington.

El pasado día 4, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de este organismo con el fin de dar seguimiento a la situación en Nicaragua.

El pasado 27 de diciembre, tras otra reunión del Consejo Permanente, Almagro anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua debido a la crisis que azota a ese país desde abril pasado, centrada en las protestas de los nicaragüenses que piden la dimisión del presidente Ortega.

«Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana«, dijo Almagro, que se vio respaldado en esta iniciativa por Argentina, Colombia, Chile, EEUU y Perú.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya «una alteración del orden constitucional» y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas del organismo.

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En la misiva, las «Madres de Abril» también abogaron por «apoyar todas aquellas medidas necesarias que estimulen u obliguen al Estado nicaragüense a cumplir en materia de derechos humanos y su obligación de encontrar la verdad e impartir verdadera justicia».

Esa asociación de madres, integrada por unas 70 mujeres, fue creada el pasado 29 de septiembre y tienen como lema «Ama la verdad, ama la justicia, ama y no olvides«.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.