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Pidieron indagar a Clarens y a otra veintena de personas por lavar más de $500 millones ligados a la obra pública entregada a Lázaro Báez

El financista Ernesto Clarens, ya “arrepentido” y procesado en la causa de los cuadernos, quedó a un paso de una nueva indagatoria, junto a una veintena de financistas, contadores y comerciantes, por lavar más de 500 millones de pesos derivados de la obra pública, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y Lázaro Báez enfrentarán juicio en febrero.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, que impulsa la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008, pidió hoy las indagatorias de Clarens, los dueños de la familia Gotti y otros por lavado de dinero. También pidió la inhibición de docena de empresas, encabezadas por Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens.

Cheques originados en el dinero de la obra pública, una cadena de gastos injustificados y una seguidilla de facturas fueron la clave de los investigadores para poder avanzar en el nuevo capítulo de la causa de la obra pública en donde quedó en la mira Clarens, el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se se sospechó que la firma de Clarens llamada Invernes significaba “Inversiones Néstor”.

Según el dictamen al que accedió Infobae, Pollicita le planteó al juez federal Julián Erolini que “a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa—, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

En ese contexto, Pollicita sostuvo: “se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”.

Ese perjuicio ascendería a “502 millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”, sostuvo Pollicita. La maniobra consistía en “un mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”.

“Lázaro Báez y Ernesto Clarens, conjuntamente con una gran cantidad de actores, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado Nacional a través de la obra pública vial. Así, no resulta posible comprender acabadamente los hechos aquí señalados si se los aísla de la hipótesis criminal de la causa “Grupo Austral y otros s/abuso de autoridad y otros”” y la plata de la obra pública que las empresas de Báez recibieron en el Gobierno de los K para hacer la mayoría de los emprendimientos en Santa Cruz.

Según Pollicita, “Báez y Clarens, valiéndose de un conjunto de colaboradores, desarrollaron un complejo mecanismo de reciclaje de activos, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud a 502 millones de pesos, los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”.

El dictamen resaltó que “ello fue posible gracias a un notorio apartamiento de los recaudos y normativa previstos para la registración contable, el uso de cheques y el manejo de dinero en efectivo, por parte de los individuos que intervinieron en cada una de las etapas; contexto que fue el marco propicio e idóneo para garantizar la impunidad de los imputados.”

Una vez que la plata llegaba desde el Estado Nacional a Santa Cruz, aparecían las empresas contratistas del Grupo Báez que, con una sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, carentes de propósito comercial real, le permitiese adquirir apariencia de licitud” al dinero que, inmeditamente, se convirtió en efectivo sin que fuera fácil detectar su origen, sostuvo el fiscal.

Analizando “la documentación fiscal, comercial, contable y bancaria hemos reconstruido cómo los conductores de la maniobra, con el fin de alejar a los fondos públicos de su origen y llegada a la empresa Austral Construcciones interpusieron como sociedad puente a la firma Gotti, logrando así el distanciamiento de dicho dinero de su origen ilícito en la asignación irregular a Lázaro Antonio Báez y posibilitando además la intermediación financiera de Invernes, a cuyo nombre saldrían librados los correspondientes cheques”, se sostuvo.

También refirió: “por medio de sólidos elementos de prueba, logramos demostrar que, tras ello, se obtuvo la salida contable de los fondos hacia afuera del GRUPO BÁEZ, a través de la simulación de costos inexistentes que aparentaron tratarse de operaciones vinculadas a los gastos comunes que demandaban las obras públicas a cargo de Gotti”.

Pero el Ministerio Público determinó que las facturas presentadas por Gotti como “gastos” no se correspondían con compras reales y que los numerosos “proveedores” presentados, o bien no existían, o bien existían pero negaban haber tenido a vinculación con la empresa.” Del análisis de más de 2 mil cheques destinados a la cancelación de dichas facturas apócrifas, Pollicita y su equipo corroboró que “como tercera fase de la maniobra de lavado de activos, esos cheques fueron sometidos a sucesivos traspasos hasta lograr su canje en financieras por dinero en efectivo”.

Un detalle: gran parte de esos fondos “fueron canjeados en una financiera perteneciente al propio Ernesto CLARENS, la COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO COFICRED (ex INVERCRED), desde donde fueron extraídos por ventanilla más de 204 millones de pesos —aproximadamente 67 millones de dólares, a la cotización oficial de entonces”.

Los pedidos de indagatoria ante Ercolini incluyen a Ernesto CLARENS, César Gerardo ANDRÉS, Sergio Leonardo GOTTI, Fausto GOTTI, Fabiana del Valle GOTTI, Carlos Alberto DI GIANNI, Graciela Elsa ANCARANI, Rafael MERLINI, Andrea CANTÍN, Guido Santiago BLONDEAU, Martín Samuel JACOBS, Carlos Adrián CALVO LÓPEZ, Emilio Carlos MARTÍN, Félix Roberto DI PERNA, Armando ULLED, Andrés KECHICHIAN Héctor Daniel DOLDI, María Julia CIS, María CESTNIK, Oscar CHELI, Fernando E. RIVAS y Héctor Aníbal CELANO.

También se solicitó la inhibición general de bienes respecto de las personas físicas nombradas y de las sociedades beneficiadas por la maniobra —AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA, GOTTI SA, INVERNES SA, COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO COFICRED LIMITADA, TRANS-COOL SRL, COOLTRANS SRL, ASUL SA, DETREZ SA, CAMINOS DEL AZUL SA, TRIK SRL, WARLOW SA,

EMPRENDIMIENTOS EXPORTABLES SA y CERÁMICA BENAVÍDEZ SA—, como así también la prohibición de innovar sobre la composición accionaria de esas sociedades y el bloqueo del acceso a las cajas de seguridad que registraren a su nombre las personas físicas y jurídicas señaladas, junto con el levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de ellas.

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