El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a Jorge Navarro y a su hijo Gustavo, por los delitos de organización de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Padre e hijo son oriundos de la ciudad de Tartagal.
El primero fue condenado a 13 años de prisión, mientras que su hijo recibió una pena de 12 años y seis meses. Ambas condenas son las más altas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal desde la implementación del Código Procesal Penal Federal, que prevé el sistema acusatorio, y que el 10 de junio cumplirá cuatro años de vigencia en Salta y Jujuy.
Esta sentencia, dictada el martes anterior por un tribunal integrado por los jueces Mario Marcelo Juárez Almaraz, Federico Díaz y la jueza Marta Liliana Snopek, se amplía aún más si se tienen en cuenta las penas impuestas al resto de los integrantes de la organización: Alberto Rojas, José Pereyra, Eugenio Belizán y Héctor Villalbas, cuya situación procesal fue resuelta a través de juicios abreviados.
Rojas recibió una pena de 6 años de prisión en calidad de coautor, y fue declarado reincidente porque ya tenía una sentencia similar dispuesta el 16 de junio de 2019 por el Tribunal Oral Federal de Rosario 3, que lo condenó junto a otros doce detenidos el 9 de octubre de 2015 por el transporte de 53 kilos de cocaína, descubierto en el ingreso a esa ciudad. Junto a Rojas, el tribunal rosarino condenó entonces a Walter “Dani” Jure, integrante de la “Banda de los Monos”, por el transporte de la droga, que iba camuflada dentro de globos de piñata.
En Salta, el TOF 1 impuso a Pereyra seis años de prisión y lo declaró reincidente, debido a que ya tenía una pena de 10 años por infracción a la Ley 23.737, dictada el 19 de junio del 2017, por el Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero.
Por la misma calificación, Villalbas fue condenado a 5 años, en tanto que Belizán fue condenado a 4, en calidad de partícipe secundario, a lo que se sumó el decomiso de dos camionetas y una suma de dinero cercana a los 50 mil pesos.
La Unidad Fiscal Salta destacó que las penas finales impuestas a la organización criminal liderada por los Navarro ascienden a 46 años y 6 meses y constituye otra marca dentro del sistema acusatorio. También destacó como uno de los beneficios de este sistema el tiempo en el que la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial, logró abrir el caso, llevarlo a juicio y obtener las condenas de todos los eslabones de la cadena delictiva.
La etapa de investigación se extendió siete meses, para luego avanzar con los procesos abreviados y el juicio oral a los Navarro, lo que demandó otros 12 meses, menos de los dos años, lo que resalta aún más si se compara con la primera condena de Rojas, resuelta con el sistema mixto cuatro años después del hecho.
Un teléfono clave
En la apertura y el cierre del juicio de responsabilidad, la fiscal Gallo resaltó que a partir de un teléfono celular secuestrado se logró identificar y desentrañar los movimientos de la organización criminal liderada por los Navarro.
Recordó que el 20 de octubre de 2021 fue detenido Villalbas en un control instalado en la ruta provincial 5, a la altura de la localidad de General Pizarro, a unos 270 kilómetros de la capital de Salta. Villalbas conducía una camioneta Toyota en la que se habían escondido 79 ladrillos de cocaína, con un peso final de 77 kilos con 963 gramos.
Entonces se le secuestró su teléfono y en la lista de contactos se identificó a un usuario solamente con la letra “G”. Al tirar de este hilo, se pudo establecer que había mantenido comunicación con Jorge Navarro y su hijo, incluso se pudo determinar, por el impacto en las antenas de telefonía, que dos días antes de ser detenido mantuvo sendos encuentros con Gustavo en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Embarcación, lo que sirvió para identificar el rol de cada uno.
Se pudo establecer que mientras Villalbas hacía de transportista, Gustavo Navarro iba por delante de la ruta, en calidad de “coche puntero” o “barredor”, para avisar al conductor con la droga sobre los controles de fuerzas de seguridad. Para indicar que la ruta estaba libre, usaba un mensaje: «Lindo primo», explicó la fiscala. Ese mensaje se repitió hasta que lo cambió por “tómese una cerveza”, en alusión a un control, en el que fue finalmente detenido el conductor. En esa jornada, después del procedimiento, Gustavo Navarro realizó 15 llamadas al transportista.
Estos movimientos, según lo explicado por la fiscalía, integrada también por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, se repitieron el 19 de mayo de 2022, cuando se desarticuló a toda la organización, que ya estaba identificada a partir de las tareas de campo e intervenciones telefónicas.
En esa fecha, los Navarro llevaban adelante otro transporte importante de droga, que fue desactivado nuevamente en la ruta 5, esta vez a la altura de la localidad de Luis Burela, a continuación de General Pizarro, más al sur de la provincia.
Para este transporte, se repitió el tipo de vehículo utilizado: una camioneta Toyota, esta vez conducida por Pereyra, a quien los Navarro convocaron para esa función en febrero de ese año, fecha en que se le había otorgado la libertad condicional por la pena impuesta en Santiago del Estero.
Como soporte en materia de vigilancia y despeje de la ruta, fueron contratados Rojas, otro ex convicto por narcotráfico y Belizán, quienes ejecutaron sus roles a través de mensajes encriptados, que se cortaron tras la detención de Pereyra en un control instalado específicamente para interceptar el transporte.
La droga estaba oculta en el piso de la caja y el sector lateral que da a la cabina, de donde se extrajeron 66 paquetes de cocaína, con un peso final de 65 kilos con 774 gramos.
Inmediatamente después de la detención de Pereyra, fueron también detenidos Jorge Navarro y su hijo, en sus viviendas, en Tartagal. En esos procedimientos se incautaron otros tres kilos de cocaína en la casa de Gustavo, lo que llevó a la fiscalía a imputarle, en carácter de concurso real, el delito de tenencia de estupefacientes.
Posteriormente, el 26 de julio de 2022, Rojas fue detenido cuando transitaba por las calles Aráoz, entre España y San Martín, en Tartagal, en una camioneta Toyota. En tanto que Belizán, cayó dos meses después, el 8 de septiembre.
Al fundar la responsabilidad penal, la fiscala resaltó el rol de cada uno de los imputados, y la función que tuvo Jorge Navarro como director de ambos transportes, que superan por poco los 143 kilos de cocaína.
Gallo señaló que en ambos casos el principal acusado permaneció en su casa, mientras que su hijo llevó adelante el monitoreo de los envíos, ya sea a través de encuentros o llamados telefónicos con los transportistas y con los encargados de realizar el barrido de la ruta.
La fiscala aseguró que los Navarro crearon “una estructura” que le fue funcional para poder cumplir con ambos hechos, para lo cual asignaron los roles del caso a sus “dirigidos”. Dijo que con la prueba producida se acreditó que padre e hijo “contactaban a los proveedores del estupefaciente y consiguieron los vehículos para ambos transportes”.
Entre los mayores obstáculos enfrentados en materia probatoria, resaltó el “sistemático cambio y descartes de líneas telefónicas” y de celulares. En ese marco, explicó que padre e hijo utilizaron hasta seis líneas distintas, cada una de ellas registradas a nombre de familiares o amigos.
La ruta de la droga
No obstante, la fiscalía pudo establecer que “la droga se acondicionaba en Campo Durán, distante a 22 kilómetros de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, donde la droga era adquirida, para luego trasladarla al sur del país”.
Asimismo, del análisis de impacto de los teléfonos de los acusados en las antenas y de los mensajes y llamadas, la fiscala describió el itinerario usado, que se sostenía sobre rutas provinciales. “Partían de Campo Durán o de Tartagal hasta el cruce con la ruta 81 y de allí hasta la 53, para llegar a Embarcación, trayecto con el cual evitaban el control de Gendarmería Nacional, ubicado en Senda Hachada, en la ruta nacional 34. Luego iban por la ruta 5 hasta Las Lajitas, en el sur de la provincia. Desde esa localidad abordaban la ruta 30 hasta el cruce con la ruta nacional 16, para de esta manera acceder a la localidad de Joaquín V. González. “Este trayecto incluye 130 kilómetros extras, los que se recorrían con el solo objetivo de evadir los controles de gendarmería”, afirmó.
Otros de los aspectos salientes del caso, giró en torno a la capacidad de adaptación puesta de manifiesto por los Navarro al enterarse de que estaban siendo investigados, lo que surgió a partir de alertas que recibieron de parientes que estaban atentos al movimiento de vehículos desconocidos por la vivienda, especialmente, de Jorge y Gustavo Navarro.
Al respecto, mencionó, entre otros mensajes, uno recibido por el padre, en el que le informaron “este teléfono igual que vos más pinchado que la m…”. Pese a ello, los acusados no frenaron su accionar, sino que se recomendó a los otros secuaces que tomaron mayores precauciones. Como consecuencia, Pereyra descartó su teléfono y, para realizar el transporte, utilizó el de su esposa.
También se acreditó el movimiento de dinero realizado por Jorge Navarro, quien, a través de mensajes, indicó a los otros acusados detalles de las transferencias, lo que completó con una descripción de compra y venta de vehículos realizadas por el principal acusado y su hijo.
Por último, y en referencia al bien jurídicamente protegido, la fiscalía indicó que, del total de 146,737 kilos de droga secuestrada, incluida la hallada en la casa de Gustavo Navarro, se pueden extraer 1.112.331 dosis, lo que representa un grave daño que afecta directamente a toda la sociedad.