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Financiamiento de campañas: Guiño a las empresas en medio del ajuste

Si hay un tema delicado en este país es el financiamiento de las campañas políticas. Luego del escándalo de los Cuadernos de Centeno, la presión de la AFIP y las malas experiencias del pasado, comenzando por los laboratorios farmacéuticos investigados por sus vínculos con el tráfico de efedrina en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner de 2007 o los aportantes truchos de María Eugenia Vidal de 2017, el tema se ha complicado aún más.
Actualmente, según analizan las organizaciones que estudian la financiación electoral, no se sabe realmente cuánto cuestan las campañas electorales, cuánto gastan en ellas los partidos políticos ni quién las financia.
Los partidos políticos gastan en las campañas mucho más de lo que declaran y no hay control sobre el origen de los fondos. La ley prohíbe cualquier tipo de propaganda antes de los 30 días previos a la cita electoral, pero nadie lo cumple. Como las empresas no pueden donar fondos para las campañas electorales lo hacen sus altos directivos a título individual.
Y aunque la legislación permite las donaciones por vía bancaria, más del 90% de las contribuciones declaradas se hacen en efectivo, lo que impide saber si tienen o no un origen ilegal.
“El peor problema que tenemos es que no sabemos cómo se pagan la política partidaria y las campañas electorales. La mayor parte de los recursos que solventan la actividad de los partidos y las campañas provienen de fuentes no declaradas y del abuso de recursos públicos con fines partidistas”, dijo hace un tiempo Julia Pomares, directora ejecutiva del Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (Cippec).
El mayor obstáculo para conocer la procedencia de los fondos es la forma de recaudación. Como las donaciones en efectivo no se pueden rastrear, en la práctica equivale a admitir donaciones anónimas, prohibidas por ley.
“Mientras la política proselitista se siga financiando en las sombras, hay incentivos para financiarla a través de la corrupción y del desvío de recursos públicos”, señaló Pomares.
Según Leandro Querido, director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, la última campaña presidencial, en 2015, costó casi diez veces más que el máximo estipulado, $172 millones (unos US$18 millones en ese momento). Otras fuentes señalan que el costo real de los grandes partidos osciló entre los $1.000 y los $1.500 millones.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) se muestra desde hace tiempo a favor de prohibir las contribuciones en efectivo por considerarlas uno de los grandes enemigos de la transparencia.
Allí confirman que los partidos gastan más de lo que declaran, pero exigen mayores recursos para poder detectarlo a tiempo. Además, dicen que cuentan con muy pocos auditores para supervisar las cuentas, lo que hace inviables los relevamientos de campo.
Este panorama intenta modificarse de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Ayer luego de dos reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto, el oficialismo y una parte del PJ consensuaron un proyecto que modifica la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que podría ser tratado en el recinto antes de fin de mes. Lograron unificar las cinco iniciativas que se habían presentado en el Congreso.
Entre otros puntos, el proyecto acordado, que apunta a establecer un modelo mixto mediante el financiamiento público y el privado, “blanquea” el aporte de las empresas en las campañas, que en la práctica se realizaba, como se mencionó, de manera irregular mediante aportes a título personal de sus directivos o a través de aportantes truchos.
Se eliminan los aportes en efectivo, y se crea el “Registro de Trazabilidad de Aportes a Agrupaciones Políticas”, que estará disponible en la web de la CNE. También se crea un “Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión”.
Los aportes deberán hacerse únicamente por “transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales, siempre que estos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”.
Un dato llamativo es que el nuevo proyecto habilita el aporte de personas jurídicas como las empresas pero prohíbe el de otras personas jurídicas como los sindicatos, cámaras empresariales, colegios profesionales, concesionarias de servicios públicos y empresas estatales.
Esta modificación, señaló la Cámara Nacional Electoral (CNE), favorecerá a los partidos grandes en detrimento de los chicos y, a su vez, beneficiará a los cercanos al establishment en perjuicio de los de centroizquierda, porque la ley vigente, que establece el financiamiento exclusivamente estatal, equilibra las oportunidades.
Además, se reduce a la mitad el tiempo de publicidad audiovisual gratuita establecido en la reforma electoral de 2009, que perjudicará a los partidos pequeños y de centro izquierda.
El acuerdo alcanzado entre Cambiemos y un sector del PJ permite vaticinar que su aprobación será sencilla en el pleno del Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados todavía existen diferencias dentro del propio oficialismo, lo que podría dificultar su sanción el año próximo.
Por caso, la posibilidad de que las empresas financien las campañas electorales tiene una firme e histórica detractora: nada menos que Elisa Carrió.
El proyecto acordado, finalmente, establece “un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades electorales”.
El abuso de los recursos públicos, como publicidad oficial, difusión de actos de gobierno y anuncios durante la campaña electoral, da una gran ventaja al partido gobernante. Sin embargo, en momentos de ajuste, la situación se complica para todos. Dicen que los gobernadores están haciendo su provisión (y de ahí las peleas por el Presupuesto 2019) y Cristina Fernández dejó en 2017 el gasto en manos de los intendentes. De ahí que se explica el guiño a empresas para que financien las campañas. Sin financiación será, sin dudas, una campaña sino breve, al menos, austera.
El intento del Gobierno
El Gobierno presentó un proyecto para cambiar la ley vigente a mediados de julio, en medio de la escalada de la causa por los aportes irregulares en la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado, que jaqueó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos semanas después, el juez Claudio Bonadio ordenó las primeras medidas en la investigación denominada “los cuadernos de las coimas K”, que desnudó un sistema ilegal de pagos orquestados entre funcionarios de la anterior gestión y empresarios de primer nivel, varios de ellos destinados a las campañas electorales.
La causa tramitada por Bonadio impactó directamente en los proyectos de financiamiento presentados por la Casa Rosada, en particular en el capítulo relacionado a los aportes de empresas. El mes pasado, de hecho, la Legislatura porteña aprobó el nuevo Código Electoral que le permite a Horacio Rodríguez Larreta a unificar el calendario electoral, pero quedó afuera el rubro referido a la financiación de las campañas.
Durante estos últimos meses, incluso, el oficialismo presentó otras iniciativas que también omitían la vuelta de las donaciones de personas jurídicas, como el de la diputada Silvia Lospennato.
Después de eso, el Gobierno y el PJ mudaron la discusión al Senado. De aprobarse, restará la sanción definitiva en Diputados, el próximo año, en vísperas de la campaña presidencial.

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