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Macri congela leyes para no pelarse con la oposición antes del presupuesto

“No tratar temas que obliguen a confrontar con la oposición” es el lema de Cambiemos este mes y hasta tanto se debata el presupuesto y las leyes complementarias que se presentarán la semana próxima.

Y lo viene cumpliendo: la ley de extinción de dominio, que busca expropiar bienes de corruptos y es uno de los instrumentos de propaganda de las grajas de trolls del Gobierno, aún sigue en un cajón de la Cámara de Diputados.

“Antes de fin de año es ley, como sea”, aseguran los referentes del interbloque oficialista, pero nadie sabe bien cuando dar el puntapié inicial.

A Elisa Carrió y Mario Negri no les gustan las modificaciones que promovió Miguel Pichetto junto al kirchnerismo, aseguran que insistirán con su versión original pero no creen oportuno dar la pelea.

Deberían saldar algunas dudas internas y dividir el justicialismo, donde hay mucha molestia con Pichetto porque nunca los consultó para reescribir el proyecto que acompañaron hace dos años.

Y no es momento para abrir grietas, como tampoco para que el PRO se enfrente a Lilita y a un sector de la UCR que no están convencidos de aceptar que las empresas aporten dinero a las campañas electorales.

Es uno de los aspectos centrales de la ley de financiamiento político que el martes el macrista Pablo Tonelli comenzará a tratar en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside. Será con la visita de Michael Hershman, un experto en la temática, o sea, todavía no hay panorama para dictaminar.

En el macrismo no imaginan llegar a la elección presidencial sin un marco regulatorio y arriesgarse a nuevas denuncias sobre aportes truchos como la que recayó contra la última campaña bonaerense de Cambiemos.

Si la consigna es esperar que sea ley el presupuesto, en Diputados no se tomarán en serio ningún tema hasta fines de octubre o noviembre, último mes para aprobar proyectos de ley. Entre diciembre y marzo sólo es posible si lo pide el Poder Ejecutivo y este verano no estaría interesado.

Por eso es habitual que antes de llegar al último mes del año haya “sesiones ómnibus”, con decenas de expedientes que están por vencer o son de urgencia para el Gobierno de turno.

En una reunión de ese estilo, y sólo si hay un marco de convivencia política que lo permita, se trataría entre otros temas la extinción de dominio, el financiamiento de la política y la ley corta de telecomunicaciones, otra de las urgencias de la Casa Rosada que se debate en comisión.

Ya hubo jornadas fuertes, como cuando los ejecutivos de Claro y Telefónica fueron a protestar por los cambios que hizo el Senado y amenazaron con frenar inversiones. Macri la quiere rápido para enviar la ley de convergencia digital el último año de su mandato.

Otra ley pendiente y polémica es la de Educación Sexual Integral, la “ESI” para sus promotores, que obtuvo dictamen de Comisión, pero volvió a dividir el recinto entre verdes y celestes como en el debate del aborto.  Los primeros creen que hay una mayoría sólida para aprobarla pero no imaginan como puede terminar una sesión si las orgas ultracatólicas y evangelistas vuelven a copar las calles.

En el Senado también está el recinto cerrado y hay mucho menos debates en comisiones. Queda pendiente el pliego de la candidata a procuradora Inés Mónica Weinberg de Roca, que Cambiemos intentó aprobar en comisión pero el PJ prefirió esperar.

Los conducidos por Miguel Pichetto chocaron esa vez con Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos, que empujó por las suyas el pliego de Weinberg de Roca y no se toma descanso: para el miércoles buscará aprobar decenas de pliegos, entre ellos los de conjueces de la Corte Suprema y de la Cámara de Apelaciones en lo criminal de la Capital.

Hay varios temas congelados, como las leyes laborales enviadas por Jorge Triaca y supuestamente consensuadas con la CGT, y otros silenciosos que pueden hacer ruido, como los dictámenes de la bicameral mixta revisora de Cuentas sobre las cuentas de gastos de Mauricio Macri. Pueden llegar en una sesión de noviembre. Si las secuelas del presupuesto lo permiten.

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