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El Ingenio La Providencia tendrán que declarar por delitos ambientales

En una causa con vaivenes, el directorio del ingenio azucarero La Providencia, propiedad de la empresa Arcor, tendrá que prestar declaración indagatoria por el delito de contaminación ambiental a la cuenca Salí-Dulce por orden de la Cámara Federal de Tucumán.

Habían sido sobreseídos, pero un recurso del fiscal federal N° 2, Pablo Camuñas, y un escrito del fiscal general federal, Gustavo Gómez, titulado “Una Justicia Contaminada”, en el que insiste en la responsabilidad del delito de contaminación, motivaron que la Cámara Federal, presidida por Marina Cossio, determinara revocar el fallo y citar a declarar a los integrantes del directorio de ARCOR S.A.I.C. Ingenio La ProvidenciaLuis Alejandro PaganiElías Pablo SaadeJosé Alberto MaranzanaModesto MaranzanaClaudia Susana Pagani de Martín y Jorge Luis Seveso, quienes serán convocados en un plazo que no debe exceder los 60 días.
La decisión fue tomada el 6 de setiembre pasado, con la firma de Cossio, y los integrantes de la Cámara Federal, los conjueces Jorge Enrique David y Hernán Frías Silva; además del vicepresidente 1°, Ricardo San Juan. Mientras que las partes fueron notificadas el 11 de setiembre pasado.

Fiscal general federal, Doctor Gustavo Gómez

Cabe destacar que la investigación preliminar N° 96 estuvo a cargo justamente del fiscal general Gómez, quien se destaca por su conocimiento y trayectoria en materia de delitos ambientales. En el predio de la mencionada firma se colectaron pruebas de los efluentes industriales determinándose que no contaba con planta de tratamiento alguna y que esos líquidos eran arrojados al lecho del Río Seco, contaminando con ello la cuenca Salí-Dulce. Los análisis arrojaron valores de demanda química de oxígeno muy superiores a los permitidos por las leyes vigentes, lo que impide la vida de seres vivos en ese tipo de hábitat. A ello se sumaron pruebas, que el fiscal consideró como contundentes. Ante el sobreseimiento de los acusados, el doctor Gómez presentó un escrito titulado “Una Justicia Contaminada”, en el que crítica con dureza al señalar que “la complejidad de la causa y su morosa tramitación, son sólo dos características de un problema más profundo: la incapacidad de todo un sistema para reprochar penalmente esta particular forma de delinquir, tan enquistada en nuestra sociedad, siguiendo una lógica utilitarista y de corto plazo sin tener en cuenta que este tipo de actividades afectan en definitiva la calidad de vida humana”.
Un dato esclarecedor de esta realidad que viven los tucumanos es que la totalidad de las fábricas azucareras tienen causas, en distintas fases, por delitos de contaminación ambiental.

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