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Los abogados del default llevan cobrados más de US$ 300 millones en honorarios

La mayor operación de rescate de una deuda pública, como la que concretó a poco de asumir el gobierno de Mauricio Macri en el juzgado de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, a través de un acuerdo firmado con los principales fondos buitre, significó un pingüe negocio de comisiones a intermediarios y honorarios a bufetes de abogados que intervinieron en un juicio que duró 13 años y culminó sin sentencia, sino con un arreglo extrajudicial.

El detalle del informe oficial brindado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al Senado, sostiene que el gobierno le abonó US$254 millones en honorarios e intereses compensatorios a los abogados de los fondos buitres como NML de Paul Singer, mientras que del resto de los letrados deberán hacerse cargos los querellantes.

El special master y socio del estudio McCarter&English, Daniel Pollack, que actuó como mediador nombrado por el juez Griesa en los últimos 3 años de conflicto con los fondos buitre, percibió u$s1 millón 180 mil, a saber, en 2014, durante el gobierno kirchnerista, había cobrado US$ 125.000, mientras que en los primeros meses de 2016, con un rol más activo, recibió US$ 800.000.

Una vez concretados los acuerdos con los buitres principales, su trabajo como mediador fue más esporádico, pero desde ese momento se le acreditaron US$ 256.000. 

De todas formas, fue sólo la mitad de sus honorarios, dado que el otro 50% fue abonado por los demandantes.

En cambio, el estudio que representó durante años al gobierno argentino, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, recibió por parte de la administración de Cambiemos u$s14 millones, más u$s45 millones que había cobrado durante la administración kirchnerista: o sea que desde 2013 costó, en total, unos US$60 millones y medio.

Los buitres cobraron primero y mejor

El reporte oficial del Ministerio de Finanzas da cuenta que los últimos datos actualizados de pagos girados a holdouts alcanzan los US$ 7.820 millones y US$ 2.240 millones, es decir, que se abonó más de US$ 10.500 millones entre a fondos buitres y a inversores minoristas, aunque de ese total US$ 6.500 millones conforman el pago a los 4 principales acreedores, entre ellos NML de Paul Singer.

Contrasta lo rápido que cobraron los fondos y que el gobierno haya asumido el pago de honorarios de los abogados en relación a que un año y medio después del fin del default, frente a que aún hay holdouts a los que no les pagaron u$s860 millones adeudados, entre los casos abiertos en Estados Unidos y Alemania, según un artículo publicado en BAE Negocios que lleva la firma de Mariano Boettner.

Se ha denunciado al Ministerio de Finanzas, inclusive, de cajonear expedientes listos para el cobro pese a que se había tramitado pronto pago por tratarse de personas con problemas de salud.

Entre abril y octubre del año pasado, en tanto, se procedió al pago de otros fondos buitre y acreedores particulares que cobraron a través del depósito realizado por el Gobierno en el Bank of New York tras la megaemisión de bonos de abril, fondeo con el que financió el pago de todos lo acuerdos. La mayoría de los giros en este lapso de 6 meses fueron en euros (1.772 millones).

Desde noviembre del año pasado hasta la actualidad, abunda el reporte de Finanzas, se pagaron US$ 321 millones y 467,7 millones de euros para acordar con “fondos menores y minoristas”.

Por otro lado, se cancelaron US$ 40 millones al grupo de bonistas italianos que iniciaron juicio en el CIADI.

Según las planillas oficiales, los fondos que aún se mantienen más reticentes a acordar con el Gobierno son aquellos que ya cuentan con sentencia monetaria favorable, ya que de la treintena de fondos que en total reclaman US$ 215 millones y 26 millones de euros, el Estado ya alcanzó principios de acuerdo con 8 por poco más de 6 millones.

En cambio, salvo aquellos fondos que no habían alcanzado a tener un pronunciamiento de la Justicia norteamericana, la mayoría de los holdout ya alcanzaron principios de acuerdo que se desembolsarán en el futuro.

En Alemania, otra plaza en la que se abrió una buena cantidad de juicios contra el país, los pagos pendientes son poco menos de 200 millones de euros.

Hay casos como el de un fondo buitre que, sobre el cierre del plazo legal, había reclamado ante la Justicia de Nueva York por un remanente de US$ 7 millones del Bono Aconcagua, emitido en 1997, y presentó su apelación al fallo de 1ra instancia que fue favorable a Mendoza. El bonista es Moshe Marcel Ajdler y su reclamo a la provincia gobernada por el radical Alfredo Cornejo asciende a u$s23 millones entre capital e intereses.

Endeudar tiene sus privilegios

El endeudamiento externo y la simultánea fuga de capitales se constituyó en un excelente negocio perpetuado por funcionarios con poder de decisión de los distintos gobiernos, banqueros, empresarios y grandes ahorristas que se sucedieron desde la hiperinflación de 1975 hasta la crisis de 2001. Y con más razón durante los canjes del default.

Luego de la salida de la convertibilidad, cuando la fuga de capitales financiada con el blindaje y el megacanje vació las arcas del Banco Central y succionó con ese torbellino al gobierno de la primera Alianza, la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora que presidió el diputado justicialista cordobés Eduardo Di Cola, luego interventor del Correo Argentino, cuando el Grupo Macrì dejó de pagar el canon convenido.

Después del megacanje de la deuda sobrevinieron el corralito, el corralón y finalmente la declaración parlamentaria del default de la deuda privada, en 2002.

Un año después se iniciaron las primeras demandas de bonistas en la justicia neoyorkina por los bonos soberanos sometidos a esa jurisdicción estadounidense al ser emitidos, en tanto varios bancos que habían entrado en el megacanje se dedicaron a comprarles los títulos a los damnificados que los vendían en el mercado secundario a valor de junk-bonds (bonos basura), hasta que el ministro de Economía durante el mandato inicial de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, instrumentó un canje de los bonos que cuadruplicó la ganancia de la inversión realizada por esos financistas, al reconocerles más de 40 centavos los que habían comprado a menos de 10, y otorgarles un ajuste por PBI que determinaba el INdEC y los benefició netamente en los años siguientes.

Hubo paralelamente otros fondos, denominados buitres, que aprovecharon los precios de regalo de los bonos en default, los adquirieron para guardar en la cartera e iniciaron juicio contra el Estado en los tribunales internacionales, apelando a un ejército de abogados que no atienden a nadie por menos de US$ 500 la hora. Fueron los ganadores y los que primero y mejor cobraron.

Las actuaciones se pasaron a una Comisión sobre Fuga de Divisas que en 2003 las publicó y, en base a esa información, el Área de Economía y Tecnología de Flacso, que dirige Eduardo Basualdo, ordenó en una tabla de mayor a menor a los 50 grupos empresarios o firmas con mayores transferencias de divisas según tipo de empresa.

Surgió así un listado que encabeza Pérez Companc con US$3213,1 millones; le sigue Telefónica, 2569,2; Repsol, 1742,8; Telecom, 1186,5; Nidera, 806,8; Shell, 793,6; Esso, 490,1; Bunge Cereal, 412,1; IBM, 303,7; Techint, 295,8; Massalín, 291,4; Dreyfus 248,6; Ford, 240,9; Cía de Rad Móviles 222,8; Total, 215,0 por  Central Puerto; Clarín, 205,5 entre Multicanal, AGEA, Artes Gráficas Rioplatenses, Artear; Cargill, 186,6; VW Argentina, 184,1; Imp Dist. Norte, 183; Cloros Arg, 163,4; Coca Cola, 159,3; Aluar Fate, 152; Cerv. Quilmes, 146,1; Petrol Conosur, 144: Disco 143,2; Mercedes Benz, 139,8; Lyonnaise, 138,1; Cablevision, 136,4; Vicentin, 131,1; Procter & Gamble 120,7; Aceitera Deheza 116,0; Socma, 112,2; Promodes (Supermercado Norte) 99,5; Fortabat, 97,8; Sade Skanska, 88,3; Pluspetrol, 88,2; Arcor, 85,2; CTI, 82,8; Acíndar, 80,5; Varig, 79,9; Aerop Argentinos 79,0; Camuzzi, 73,6; Unilever, 72,4; Sancor, 70,2; Fiat, 68,6.

Pudieron haber contado con información clasificada sobre lo que venía, como sucedió con el gobierno de Santa Cruz de Néstor Kirchner, que sacó oportunamente al exterior un depósito de más de US$500 millones, o justo, en algunos casos, coincidió con alguna operación financiera preestablecida, siendo bien pensados.

Pero muchas de las firmas que figuran en la lista acudieron a la banca oficial a pesificar las deudas y consiguieron ganancias del 500% o más por la aplicación del beneficio del canje especial de dólares a pesos.  

Fuga de capitales

Empresas nacionales y extranjeras aprovecharon para fugar más de US$ 26.000 millones en perjuicio directo de miles de ahorristas argentinos y aceleraron un colapso económico que originó los peores indicadores sociales de la historia. Pero no fueron sólo empresas: hubo personas físicas que lograron sacar del país casi US$ 4.000 millones, un 30% con cuentas de más de US$1 millón y medio.

Para fugar divisas se utilizaron 87 instituciones financieras que se favorecieron de la falta de control de cambios del Banco Central, que permitía las operaciones sin corroborar el origen de los fondos.

El trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas comprobó que meses antes de la devaluación se fueron casi US$ 30.000 millones.

En el 2007, el ex diputado Mario Cafiero denunció penalmente estos hechos ante el fiscal Oscar Amirante, quien de acuerdo con las pruebas recogidas imputó a Domingo Cavallo (ex ministro de Economía) y a Daniel Marx (ex secretario de Finanzas) por el delito de defraudación.

El dictamen sostiene que en la crisis financiera del 2001 “existió un plan destinado a proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y en especial a los patrimonios de los bancos”.

La ahora candidata a legisladora por Cambiemos, Graciela Ocaña (ex ARI), denunció que Prat Gay tenía “una doble moral” por haber fugado casi US$800.000 antes del corralito. Expresó textualmente: “Nosotros, desde el Congreso emitimos un informe desde la Comisión de Fuga de Capitales. Armamos un listado con 1.400 personas que habían girado plata al exterior durante el corralito. Y en el puesto 67 figuraba Prat Gay, con un giro de US$780.000”.

Nada más que el expediente por las 4.040 cuentas de argentinos en la sede Suiza del HSBC ocuparía un despacho judicial entero y para agilizar la comunicación, más del 90% de la investigación está digitalizada y cargada en un servidor al que sólo tienen acceso la jueza, el fiscal y los abogados defensores.

Es la causa por delitos económicos más grande del país: 222 imputados, encabezados por el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión agravada por la fuga de más de US$3.500 millones. La investigación involucra a banqueros, directivos de las principales multinacionales y hasta al ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay.

La lista de acusados se completa con unos 200 empresarios, abogados, contadores y apoderados, todos por evasión fiscal agravada.

La Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados, en 2001, determinó que el 75% del dinero que salía ilegalmente del país lo hacía a través de la banca extranjera. Los principales involucrados eran el Citibank, Banco Río de la Plata, Galicia y HSBC.

Hoy, en la Justicia Penal Tributaria hay tres grandes causas que investigan la arquitectura montada por los grandes bancos internacionales para fugar divisas: la de las cuentas del HSBC en Suiza, la investigación contra el JP Morgan, nacida a partir de la denuncia del arrepentido Hernán Arbizu, y el expediente BNP Paribás, en el que se estudia la fuga de más de US$1.000 millones a paraísos fiscales.

El fiscal Carlos Gonella estimó antes del blanqueo que había US$400 mil millones de argentinos fuera del país, y que por esta fuga, el fisco dejó de percibir más de US$100 mil millones de impuesto a las ganancias.

Hasta el ministro de Finanzas, Luis Caputo, tiene cuentas tramitadas en la Justicia. Según el fiscal Gabriel De Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) el funcionario de la administración Macri “se pagaba comisiones a sí mismo”, al favorecer, ya desde su cargo, “a una empresa que él presidía” antes de serlo.

“Caputo fue presidente Fondo Común de Inversión AXIS Ahorros Plus hasta el 4 de diciembre de 2015, doce días antes de asumir como secretario de Finanzas, y tenía el 48% de las acciones de la empresa. También fue directivo del Deutsche Bank“.

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