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El Consejo de la Magistratura se comprometió a ser “garante” de la seguridad informática

Autoridades de la Cámara Nacional Electoral y jueces electorales de todo el país llevaron al Consejo de la Magistratura su preocupación respecto a la seguridad del sistema informático que se utilizará en las elecciones, luego de las denuncias de la jueza federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, María Servini, respecto a una sospechada “vulnerabilidad” del sistema, dada por la posibilidad de manipular datos de los padrones electorales.

El titular de la Cámara Nacional Electoral y los jueces electorales de todo el país se retiraron de la sala de reuniones del Consejo luego de cuatro horas, con el “compromiso” de este órgano administrador y ejecutor de los fondos con los que cuenta el Poder Judicial de “avanzar con la modernización de los registros electorales”, y de ser “el garante” de la seguridad informática.

Estos puntos fueron algunos de los pedidos específicos que llevaron los jueces electorales y la propia cámara a los miembros del Consejo de la Magistratura, que se esforzaron durante la mañana de hoy en que no quedaran dudas respecto a la seguridad del sistema informático que se utilizará en las elecciones, no en las legislativas de octubre, que seguirá utilizando el sistema Lex100, sino en las siguientes.

Incluso, los consejeros prometieron “acelerar los procedimientos administrativos para implementar la biometría”, empezando por las provincias del norte del país.

La biometría utiliza las huellas digitales como forma de identificación personal, lo que impide que se dupliquen documentos, por ejemplo, a la hora de votar.

El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección, control y sanción de los magistrados, pero además está a cargo de la administración de los fondos con que cuenta el Poder Judicial.

En este marco es que el Consejo de la Magistratura es el órgano que ejecuta, por ejemplo, los fondos que el Poder Ejecutivo Nacional otorgó a la Cámara Nacional Electoral para la modernización de algunos instrumentos electorales.

De la reunión participó el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, 14 jueces electorales y 10 secretarios de juzgados electorales de todo el país, pero fue notoria la ausencia de la jueza Servini, que en los últimos días venía alertando sobre la “falta de seguridad informática” en los padrones si se utilizaba el Sistema de Gestión Electoral (SGE), previsto en el convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y el Consejo de la Magistratura.

Este convenio debía ser ratificado el jueves pasado, en el plenario, pero las dudas expuestas por los consejeros que representan al bloque opositor Rodolfo Tailhade (diputado FpV) y Virginia García (senadora FpV), sumados a las preocupaciones expresadas por la Cámara Electoral y jueces electorales, dieron lugar a que se convocara a este encuentro.

 

Para disipar las dudas estaban en la Sala Lino Palacio del segundo piso del edificio de Libertad 731 los directores del área de Informática del Consejo, los titulares del sector de Administración, y de la Unidad de Seguimiento y Control del sistema informático, integrada por los consejeros Luis María Cabral (juez), Gustavo Valdés (diputado) y Daniel Candis (académico).

Durante el encuentro, que presidió la presidenta del Consejo Adriana Donato y que se realizó a puertas cerradas, se hizo una demostración de lo que es el SGE, que este año entra en la tercera y última fase, que tiene que ver con la modernización de los padrones.

Las dudas sobre la supuesta vulnerabilidad del sistema informático que utiliza el Poder Judicial surgieron a partir de las fallas que se produjeron en abril del año pasado cuando se sorteaba la causa que investigaba la muerte del fiscal Alberto Nisman, que dio lugar a que primero saliera sorteado el juez Sebastián Casanello sin que el resultado apareciera en la pantalla, por lo que se dispuso su repetición, lo que resultó en que sea el juez Julián Ercolini el que se quedaba con ese expediente.

Ante la posibilidad de que estos hechos no hayan sido producto de una mera falla, sino de un delito de acción pública, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, inició en ese momento una denuncia penal que está siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadio.

Estos hechos desencadenaron el año pasado el alejamiento de su cargo del director del área informática del Poder Judicial, Gabriel Mehlman, y el inicio de un sumario interno para investigar si se trató de una “falla” del sistema, o de la manipulación del mismo.
El temor central planteado a partir de esta situación es que los datos que se ingresen al padrón electoral también puedan ser fácilmente manipulados.

Por estas dudas y por la preocupación expresada por los jueces electorales, la Cámara Nacional Electoral, e incluso por miembros del Consejo pertenecientes a la oposición, es que se convocó a la reunión de hoy en el Consejo de la Magistratura.

Al finalizar el encuentro, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, dejó claro que “antes de que esta tercera y última fase del Sistema de Gestión Electoral entre en pleno funcionamiento deberá ser aprobado por la Cámara Nacional Electoral”.

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